El PP pide que los referéndums ilegales se castiguen con hasta 5 años de cárcel

El PP propone castigar con hasta cinco años de cárcel a los autoridades o funcionarios públicos que convoquen elecciones o consultas populares ilegales por vía de referéndum, como el que se celebró en 2017 en Cataluña. Así lo recoge la enmienda a la totalidad presentada por la formación de Alberto Núñez Feijóo este martes a la proposición de ley de PSOE y Podemos.

El pasado jueves, el Congreso aprobó el primer paso para derogar el delito de sedición, una medida del Gobierno de Pedro Sánchez para contentar a sus socios de ERC. La Cámara Baja apoyó la toma en consideración de la iniciativa, con 187 votos a favor. Hubo 155 en contra y 6 abstenciones. La iniciativa parlamentaria aboga por derogar el delito de sedición del Código Penal y convertirlo en «desórdenes públicos agravados», con una reducción de 15 a 5 años de la pena máxima de prisión y contempla hasta 8 años de inhabilitación.

El PP, en esta enmienda a la totalidad, propone añadir el artículo 506 bis para «castigar a los que convoquen consultas ilegales con entre tres y cinco años de cárcel e inhabilitación absoluta por un tiempo superior a entre tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad».

Este enmienda se refiere a «la autoridad o funcionario público que, careciendo manifiestamente de competencias o atribuciones para ello, convocara o autorizara la convocatoria de elecciones generales, autonómicas o locales o consultas populares por vía de referéndum en cualquiera de las modalidades previstas en la Constitución».

El texto tiene como objetivo castigar «con pena de cárcel de uno a tres años e inhabilitación absoluta por un tiempo superior entre uno y tres años al de la duración de la pena de privación de libertad a la autoridad o funcionario público que, sin convocar esas elecciones o consultas, las facilita o promueva».

Los populares abogan por añadir otro artículo, el 521 bis, para castigar «con seis meses a un año de cárcel o multa de 12 a 24 meses a «los que participen como interventores o faciliten, promuevan o aseguren» esas consultas ilegales.

Vox y Cs

Vox ha presentado también una enmienda de totalidad a la proposición de ley de PSOE y Podemos. En su texto se recoge, entre otras propuestas, castigar «con hasta 20 años de cárcel a las autoridades o funcionarios que, por acción u omisión, promuevan la independencia de una parte de la nación».

Por su parte, Ciudadanos también ha presentado una enmienda de totalidad. La formación naranja pide que «no corran los plazos de prescripción para este tipo de delitos».