La asociación mayoritaria de fiscales avisa: la reforma de la sedición a la carta es inconstitucional

Los fiscales rechazan la derogación del delito de sedición que el Gobierno de Pedro Sánchez quiere realizar para contentar a sus socios separatistas de ERC en el Congreso. Consideran que «no es admisible» reformar el Código Penal «por intereses o situaciones de personas concretas» porque sería «de muy dudosa constitucionalidad». Así lo asegura la Asociación de Fiscales (AF), que es la mayoritaria dentro de la profesión, en alusión a los líderes del independentismo catalán.

«Con ello se desconoce un principio básico del Derecho, que no admite leyes singulares que, por tanto, serían de muy dudosa constitucionalidad», afirma la asociación en comunicado difundido este lunes.

La derogación del delito de sedición es una nueva exigencia del presidente de ERC, Oriol Junqueras, que está condenado por el Tribunal Supremo y que le mantiene inhabilitado para ejercer de cargo público. Junqueras, si se modifica este delito y se rebajan sus penas, podría volver a ser candidato a la Presidencia de la Generalitat de Cataluña.

La propuesta del Ejecutivo de Sánchez es derogar el actual delito de sedición y sustituirlo por otro de «desórdenes públicos agravados», que contempla penas para las autoridades de 3 a 5 años de prisión, frente a los 10 a 15 años que recoge el Código Penal vigente. La inhabilitación sería de 6 a 8 años de cárcel, frente a los 10 a 15 años que establece la ley actual. Así lo recoge la proposición de ley orgánica registrada por PSOE y Unidas Podemos.

La Asociación de Fiscales afirma que una derogación del delito de sedición «de la trascendencia y calado» que pretende el Gobierno de Sánchez debe realizarse «con sosiego» y, por tanto, recabando informes tanto del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) como del Consejo de Estado y del Consejo Fiscal.

Además, recalcan que «no es cierto» que el Derecho de la Unión Europea exija a España reformar este delito, y recuerdan que la sedición se ha mantenido en todos los códigos penales, incluido el del 95, «conocido como el Código Penal de la democracia».

«Desprotección»

La asociación advierte de que tampoco se sostiene que las penas por este delito sean superiores a las previstas por conductas que se tipifican, reciban o no el nombre de sedición, en otros países de la Unión Europea. Y aseguran que tanto el informe de indulto a los líderes del ‘procés’ independentista catalán de la Fiscalía como el de la Sala de lo Penal del Supremo «ya lo pusieron de manifiesto con claridad».

La Asociación de Fiscales defiende que «la reforma propuesta supone una desprotección del orden constitucional porque éste exige tipos penales específicos y penas que cumplan con las funciones preventivo-generales y especiales que le son propias».