El PP sólo se abrirá a negociar con el PSOE la revisión de la ley Montero si Justicia asume el mando

En el embrollo de la polémica ley Montero, que está permitiendo excarcelaciones y rebajas de penas de violadores y agresores sexuales, el Partido Popular no está dispuesto a ser el salvavidas de un PSOE que ha hecho de la excepción su forma favorita de legislar, recurriendo a piruetas parlamentarias y métodos poco ortodoxos. Así, según fuentes de la dirección del PP consultadas por OKDIARIO, el principal partido de la oposición no ve ningún recorrido a una eventual proposición de ley del PSOE, que burla los informes preceptivos, para revertir la «chapuza» de la ley de Libertad Sexual. Además, Podemos -que impulsó esta norma desde el Ministerio de Igualdad- se niega de plano a corregir el texto. De este modo, las mismas fuentes apuntan que el PP sólo se abrirá a negociar con los socialistas si el Ministerio de Justicia asume el mando.

Las fuentes consultadas remarcan que el Gobierno bien podría emplear un proyecto de ley orgánica y tramitarlo por el procedimiento de urgencia ante la «alarma social» generada o incluso podría usar un atajo vía enmienda, como el empleado por el Ejecutivo de José María Aznar en 2003 para reformar el Código Penal como freno al Plan Ibarretxe. Una modificación exprés pilotada por el Ministerio de Justicia que supuso incluir la pena de cárcel ante la convocatoria de un referéndum ilegal. Y ello se hizo mediante una enmienda del Grupo Popular en el Senado a la Ley orgánica de Arbitraje.

También en 2009 el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó una bancarización de las cajas de ahorro a través de una enmienda -presentada por el PSOE en el Senado a instancias de la vicepresidenta Elena Salgado- a un proyecto de ley de medidas urgentes para el fomento del empleo.

No obstante, y siempre que no se utilice el subterfugio de la proposición de ley, que sortea informes preceptivos, desde el PP subrayan que debe ser el Ministerio de Justicia quien pilote la revisión de la ley del ‘Sólo sí es sí’, teniendo en cuenta que el departamento de Pilar Llop ha sido «coproponente» de esta norma junto al de Igualdad de Irene Montero. Sólo en este supuesto los populares estarían dispuestos a negociar con el PSOE el nuevo redactado, que, a juicio del partido de Alberto Núñez Feijóo, ha de pasar básicamente  por que «nadie pueda acogerse a penas inferiores a las previstas anteriormente en el Código Penal».

De hecho, el Grupo Popular, tal y como avanzó este viernes su portavoz en el Congreso, ya está trabajando en la confección de una proposición de ley orgánica en este sentido, fundamentalmente, precisó Cuca Gamarra, por «responsabilidad» como principal partido de la opinión, añadiendo que, en realidad, la revisión tendría que llegar de parte de Ministerio de Justicia, con «todas las garantías de que los informes son favorables», en pro de la «seguridad jurídica».

«Silencio»

«El tiempo corre en contra de la protección de las mujeres, ya que hay efectos que son irreparables», declaró la secretaria general del PP, contraponiendo ello a las «prisas» con que Sánchez ha impulsado la eliminación del delito de sedición para contentar a sus socios independentistas. Esta derogación se ha previsto a través de una proposición de ley de PSOE y Unidas Podemos, que fue presentada precisamente el viernes de la semana pasada, de un día para otro tras anunciarla el presidente del Gobierno en una entrevista en La Sexta en prime time. «Los españoles merecen políticos responsables, serios y que trabajen desde el rigor», enfatizó también este viernes la portavoz popular, denunciando además «el silencio y la desaparición de la ministra Llop» en estos días.

Entretanto, de puertas hacia fuera, Pedro Sánchez no ha ido más allá de defender ley del ‘Sólo sí es sí’ como una «gran conquista femenina» y de pedir cautela hasta que el Tribunal Supremo se pronuncie, con la esperanza de que «unifique doctrina». En cambio, tanto el Ministerio de Igualdad como Podemos han recalcado que la ley Montero no requiere modificación alguna. El portavoz parlamentario de los morados, Pablo Echenique, afirmó este viernes que la nueva norma no tiene «ningún problema» y que lo único que ocurre es que hay determinados jueces que están aplicando un «sesgo ideológico» al decretar, en base a ella, reducciones de penas y excarcelaciones para condenados por violación o agresión sexual.