El PP emplaza a sus alcaldes a instalar cámaras de vigilancia para garantizar la seguridad ciudadana

El PP emplazó este sábado a sus alcaldes a instalar cámaras de videovigilancia de tráfico en sus municipios para contribuir así a garantizar la seguridad ciudadana. Esta fue una de las principales propuestas lanzadas por los populares durante la primera jornada de su XXVII Intermunicipal celebrada este fin de semana en Valladolid.

En el transcurso de la mesa titulada Los Ayuntamientos, red de seguridad, cohesión e igualdad territorial, la vicesecretaria de Igualdad, Conciliación y Política Social, Ana Alós, destacó la apuesta del PP por la seguridad ciudadana con avances tecnológicos como la instalación de cámaras de videovigilancia de tráfico que, además de mejorar la seguridad vial, «proporcionan un elemento disuasorio para la comisión de delitos». Alós destacó aquí la buena acogida que esta medida ha tenido ya en Cartagena o Huesca.

En este sentido, la dirigente del PP puso también en valor la irrupción de la inteligencia artificial en cámaras de seguridad como las instaladas en Madrid, porque «mejoran la gestión y planificación de los servicios en la ciudad, ayudando a la Policía a poder diferenciar vehículos de diferentes tipos, medir aforos en tiempo real, detectar objetos en la calzada y prevenir incidentes de tráfico o peatonales».

Junto a ello, Alós recordó el compromiso del PP en la mejora de la vida de los españoles a través de su Ley de Conciliación y Corresponsabilidad Familiar registrada en octubre en el Congreso de los Diputados, una ley «pionera y ambiciosa», recalcó.

Además, los populares proponen el uso de instalaciones educativas y deportivas como «recursos de apoyo a la conciliación», desarrollando en ellas actividades complementarias, deportivas, extraescolares, no solo durante el curso escolar, sino de manera especial en los periodos vacacionales de los niños y niñas.

Asimismo, Alós hizo referencia a la pretensión del PP de modificar la Ley Reguladora de Haciendas Locales para que las familias monoparentales puedan beneficiarse de medidas fiscales como rebajas en el IBI, descuentos en instalaciones deportivas y servicios municipales o la aplicación de bonificaciones en el resto de impuestos, tasas y precios públicos como la tasa de agua o de basuras.

En este contexto, la vicesecretaria denunció que la actual Ley Reguladora de las Haciendas Locales impide que se dé este tipo de beneficios en los ayuntamientos, al tiempo que remarcó que en la proposición de ley de Conciliación presentada por el PP se incluyó ya su reforma para poder aplicar bonificaciones de hasta el 90% en el IBI a las familias monoparentales.

En la segunda mesa de la jornada, que versó sobre El acceso a la vivienda desde la perspectiva municipal, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible, Paloma Martín, alertó sobre el «preocupante» aumento de la ocupación ilegal, que llega ya a las 78.800 viviendas en España, lo que equivale a que ciudades como Ciudad Real, Soria o Palencia estuvieran completamente ocupadas.

Los alcaldes populares exigen aquí al Gobierno de Pedro Sánchez que desbloquee la Ley antiokupación del PP, aprobada por mayoría absoluta en el Senado, ya que el ritmo de denuncias crece de forma alarmante, más de un 41% entre 2018 y 2022. Martín criticó a Pedro Sánchez por permitir que el tiempo medio para tramitar un desahucio y recuperar la posesión haya pasado de 11 a 21 meses desde que él gobierna. «Ahora tiene más derechos el okupa que el propietario» denuncia.

Asimismo, los ayuntamientos del PP se han comprometido a poner en marcha un servicio de atención y acompañamiento a las víctimas de la ocupación para prestar asesoría jurídica, la creación de un registro de viviendas ocupadas y la conexión con policías locales. Además, estos alcaldes movilizarán suelo destinado a redes públicas de vivienda, tanto patrimonial como demanial, con destino a sistemas de promoción de vivienda en alquiler asequible.

Una «financiación justa»

En la tercera y última mesa, titulada Sostenibilidad financiera en las entidades locales: desafíos locales y oportunidades para el futuro, el vicesecretario de Economía, Juan Bravo, defendió que se adopten políticas públicas de baja presión fiscal y criticó el gran aumento de impuestos del Gobierno de Pedro Sánchez.

Los alcaldes del PP reclamaron en este punto la reforma del sistema tributario de los ayuntamientos, abogando por una financiación «justa, responsable, sostenible y equitativa» para las entidades locales y por ofrecer incentivos con el objetivo de reducir la deuda. En esta línea, Juan Bravo pidió un «nuevo sistema de financiación, no solamente autonómico, sino también local», haciendo hincapié en «la necesidad de la reforma del sistema tributario de los ayuntamientos, que tiene más de 20 años y hay que adaptarlo a las nuevas necesidades», apostilló.

Los populares también denunciaron el impacto que tendrá el tasazo de la basura impuesto por Pedro Sánchez y exigieron al Gobierno que elimine la obligatoriedad a los ayuntamientos de repercutirlo sobre los ciudadanos: «Es falso que sea una imposición de Bruselas», remarcaron.

Los regidores del PP apostaron también por implantar las llamadas Unidades Aceleradoras de Proyectos para promover el emprendimiento y atraer inversiones tractoras y generadoras de actividad y empleo, así como una Oficina del Autónomo que apoye y acompañe a un «colectivo primordial».

De igual modo, los alcaldes del partido de Alberto Núñez Feijóo se emplazaron a buscar fórmulas para mejorar el transporte público en zonas rurales, garantizando la movilidad de los ciudadanos y frenando la despoblación. «Es necesaria la igualdad de oportunidades», sentenciaron.