Independentismo en Cataluña

El pozo sin fondo de TV3: pide una «inyección urgente» tras haber recibido 500 millones de Torra

TV3 ha recibido más de 500 millones de subvenciones públicas desde que Quim Torra se convirtió en presidente de la Generalitat. La televisión catalana es el instrumento más caro del separatismo.

Hacienda ‘pilla’ a TV3 y le multa por intentar defraudar con una "simulación de contrato"

TV3
Quim Torra y la sede de TV3.

La cadena pública de TV3 es arma fundamental el separatismo en Cataluña. Quim Torra lo sabe y, pese a las dificultades financieras por las que atraviesa la Generalitat (su deuda asciende a 78.831 millones, la más alta de España), se muestra generoso con el dinero de todos los catalanes. El Govern que preside concedió a TV3 250,7 millones de euros en 2018 y 256,4 millones para este año. O lo que es lo mismo: 507,1 millones en subvenciones en dos años.

Estas ayudas económicas las ha recibido la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA), en la que se encuentran TV3, Catalunya Ràdio y las webs de la corporación.

El CCMA cerró el ejercicio económico de 2018 en números rojos: 11,3 millones. Ese año la Generalitat estuvo intervenida por el artículo 155 durante medio año hasta la llegada de Torra al Govern. Y a pesar de eso, el nuevo president decidió inyectar 250,7 millones de euros en TV3, un 5,09% más en relación a los 238,5 millones que destinó el ex presidente de la Generalitat fugando en Bélgica, Carles Puigdemont, en 2017.

Esos 12 millones de euros adicionales que recibió la cadena pública no la evitó de cerrar el ejercicio de 2017 también en números rojos: 7,4 millones de euros.

Debido a estas pérdidas en los dos últimos años, Torra autorizó el pasado 12 de junio una inyección de 32,2 millones en la CCMA, tal y como consta en el Diario Oficial de la Generalitat, según adelantó ‘Economía Digital’. Estas nuevas ayudas tienen como objetivo «compensar las pérdidas de ejercicios anteriores». También se acordó una reducción del capital en 24,5 millones de CCMA SA, que es es la sociedad que gestiona TV3 y Catalunya Ràdio. Este capital social se queda ahora en tan sólo 516.000 euros.

La presidenta en funciones de la CCMA, Núria Llorach, compareció la semana pasada ante la comisión de control del Parlament de Cataluña para pedir a la Generalitat una nueva aportación extraordinaria de 16,2 millones. Justificó la petición como medida «urgente» para afrontar las necesidades financieras de este año a través de una inyección que no estaba prevista en los presupuestos del Ejecutivo catalán.

En su intervención parlamentaria Llorach afirmó que, de esos 16,2 millones, el Govern de Torra ya le había concedido un suplemento de crédito de 8,6 millones que tendrá como finalidad pagar los gastos de personal. Todavía quedan pendientes 7,6 millones que estarían destinados a la contratación de contenidos de cara a la temporada que comienza en septiembre.

Desajustes de Torra

La presidenta en funciones de la CCMA recalcó ante el Parlament que sufren una «falta de financiación» por tres causas, según apuntó ella misma: el descenso de los ingresos publicitarios, el aumento de los gastos de personal y el cambio de criterio del Gobierno central en la aplicación del IVA.

Esta «falta de financiación» se debe en gran parte al Govern de Quim Torra, puesto que con su llegada decidió premiar a toda la cúpula de la Corporación Catalana de Medios Audiovisuales (CCMA) con unos sueldos de hasta 830.000 euros anuales pese a las pérdidas que registró el ente en 2018. Vicent Sanchis y Saül Gordillo, director de Catalunya Ràdio, cobran desde el año pasado hasta  109.080 euros brutos anuales. Nuria Llorach también percibe un sueldo similar.

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Retribuciones del sector público catalán previstas para 2019

TV3 mantiene un conflicto con Hacienda desde hace unos meses por la aplicación del IVA en las subvenciones recibidas a lo largo de los últimos cuatro años: el Ministerio público le reclama a la cadena pública el pago de hasta 167,4 millones como coste fiscal por ayudas recibidas.

La CCMA tiene abierta demás otra inspección de Hacienda, en concreto sobre los pagos del IVA de 2012 a 2017, según reconoce la propia entidad pública en su memoria anual de 2018. Otras cadenas públicas también mantienen una inspección similar por parte del Ministerio público en las que se reclama más de 500 millones.

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