La cadena pública catalana tiene abierta otra inspección de Hacienda por los pagos del IVA

La inspección de Hacienda se inicia porque la Agencia Tributaria defiende que no se ha hecho correctamente la liquidación de este impuesto y ha reclamado a todas las cadenas autonómicas. Las televisiones reclamaron al Tribunal Económico Administrativo Central (TEAC), la máxima instancia en las reclamaciones tributarias, que en el caso de la cadena catalana les dio la razón en febrero de 2018.

De esta forma, Hacienda tiene que devolver 59 millones de euros en concepto de liquidaciones que había acordado pagar la cadena catalana en 2014 y 2015 tras la primera inspección. Ha recurrido al Tribunal de Luxemburgo y el Gobierno ha frenado esas devoluciones hasta que se pronuncie el tribunal europeo.

Hacienda, según explica la CCMA en su Memoria, entiende que la actividad de TV3 y Catalunya Radio no tiene carácter económico por lo que no se puede deducir el IVA. La CCMA entendía que sí, y el TEAC le ha dado la razón en primera instancia porque entiende que las subvenciones de la Generalitat son la contraprestación económica a la actividad de las cadenas, por lo que tendrían derecho a las deducciones.

Ahora tiene abierta otra inspección por el pago del IVA de los años 2015 a 2017. El motivo es el mismo y la resolución podría ser la misma, aunque Hacienda mantiene sus inspecciones y el conflicto abierto. La última notificación, según la Memoria de la CCMA, es de noviembre de 2018 y se refiere a la ampliación de la investigación a los meses de septiembre y octubre de 2017.

En conjunto, y según calcula la propia CCMA, el conflicto abierto con Hacienda podría significar unos 50 millones de euros por año, con un máximo de seis años, aunque asegura que el riesgo para la sociedad es «remoto».

Forta

Las inspecciones son similares en todas las televisiones autonómicas, puesto que Hacienda, con Cristóbal Montoro al frente del ministerio, cambió la ley en 2012 al considerar que la actividad de las cadenas públicas no tenía carácter económico sino de servicio público.

En conjunto, y según cálculos de la Forta, la patronal de las cadenas autonómicas, el montante global de las reclamaciones asciende a 550 millones, según han publicado varios medios.