Los policías imputados por el 1-O evitan aclarar quién dio la orden de cargar

Cuatro policías nacionales investigados por la actuación del 1-O en Barcelona han revelado hoy que recibían órdenes desde un centro de coordinación, sin aclarar quién lo integraba ni de dónde vino la orden de cargar contra los independentistas que se enfrentaron a las autoridades y han justificado las cargas alegando que tuvieron que enfrentarse a un «muro humano» en los centros de votación.

Según han informado fuentes jurídicas, ante el titular del juzgado de instrucción número 7 de Barcelona, que investiga las cargas de la Policía Nacional, han declarado hoy los cuatro primeros agentes de los 24 que por el momento están imputados por la actuación policial para impedir el referéndum en la capital catalana.

La declaración de los agentes no ha permitido aclarar, sin embargo, quién dirigía las operaciones de la Policía Nacional en Barcelona y dio la «orden operativa» de cargar contra los concentrados en los centros de votación, pese a que han reconocido que en todo momento estaban en contacto con un centro de coordinación, al que denominaban «Jefatura de Unidad de Intervención».

Los investigados se han negado a contestar a las preguntas de las acusaciones populares y particulares -entre ellas las ejercidas por Generalitat y el Ayuntamiento-, lo que ha impedido a los letrados formularles preguntas para indagar quiénes fueron los responsables de las órdenes de cargar contra los manifestantes.

El operativo policial para impedir el referéndum del 1-O -integrado por la Guardia Civil, la Policía Nacional y los Mossos d’Esquadra- estaba coordinado por el entonces coronel, y ahora general, Diego Pérez de los Cobos.

En su declaración de hoy, el inspector jefe investigado ha explicado que, en los días previos al 1-O, participó en reuniones de coordinación del operativo destinado a impedir el referéndum en las que se les indicó que debían actuar con la «mayor celeridad posible» y retirarse en cuanto requisaran las urnas, para evitar que pudieran repetirse situaciones como las concentraciones en la conselleria de Economía el 20-S.

Según el inspector jefe de la Policía Nacional, a su unidad se le asignaron siete centros de votación de Barcelona en los que se debían requisar las urnas del 1-O y, tras actuar en el tercero, el centro de mando le ordenó retirarse sin entrar en el resto de escuelas, por motivos que no se le detallaron.

Por su parte, un subinspector que intervino en los centros educativos Mediterrània y Pau Claris de Barcelona ha afirmado que no recibieron instrucciones concretas de cómo debían actuar el 1-O, mas allá de que debían garantizar la intervención de las urnas y el material electoral de los locales.

Los cuatro agentes que hoy han declarado han coincidido en defender que no hubo ninguna actuación irregular ni desproporcionada de la policía en las cargas contra los concentrados.

En ese sentido, el inspector jefe, que intervino en las actuaciones policiales en los centros Mediterrània, Pau Claris y Escoles Pies de Barcelona, ha alegado que tuvieron que cargar contra los concentrados a las puertas de los centros de votación porque se «enfrentaron con un muro humano» que les impedía entrar a cumplir con su obligación de requisar las urnas.

Precisamente, la expresión «muro humano» es la misma que empleó la Fiscalía en su escrito de acusación ante el Supremo contra los líderes independentistas, para referirse a la resistencia opuesta por los concentrados en los locales de votación.

«Allí dentro se dieron golpes con paraguas», ha sostenido el inspector jefe ante el juez, tras insistir en la «hostilidad» con que los concentrados se oponían a la actuación policial.

En la misma línea, el investigado ha apuntado que estarían justificados los golpes en la cara que recibió una mujer en la escuela Mediterrània de Barcelona, dependiendo del «nivel de acometividad» de la persona que se resistiera a la policía.

Asimismo, ha puesto en duda que la actuación policial dejara a personas sangrando. «Presuntamente», ha dicho, cuando se le han mostrado las imágenes, sobre las que ha añadido que también «podría ser pintura roja».

Por su parte, el teniente de alcalde de Barcelona Jaume Asens, que ha acudido a la Ciutat de la Justicia con motivo de las declaraciones de hoy, ha exigido a los policías nacionales imputados que identifiquen «a los mandos que dieron las órdenes de cargar» y ha emplazado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a «dejar de poner palos en las ruedas» en la investigación.

El Ayuntamiento de Barcelona, ha detallado Asens, ha presentado un escrito en el que pide al juez que cite a declarar como investigados a otros 24 policías nacionales que han podido ser identificados por las grabaciones de las cargas en la escuela Mediterrània de Barcelona.

Asimismo, en declaraciones a los medios, Andrés García Berrio, abogado del centro de derechos humanos Iridia que ejerce la acusación en el caso, ha exigido al Ministerio de Interior que indague quién formaba parte del centro que dirigió el operativo policial contra el 1-O, al que ha calificado de «órgano fantasma».