Podemos quiere que todas las obras públicas evalúen su impacto sobre gays y lesbianas

Podemos quiere que todas las actuaciones de la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas incluyan un informe de evaluación de su impacto «sobre la orientación sexual», además del género. El objetivo, según la formación de Pablo Iglesias, es «garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación» en el colectivo de gays, lesbianas y transexuales. 

La medida figura en la ‘Proposición de Ley contra la discriminación por orientación sexual, identidad o expresión de género y características sexuales, y de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales’, que se tramita en el Congreso.

En concreto, en el artículo 72 se especifica que «la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, en el marco de sus respectivas competencias, incorporarán la evaluación del impacto sobre la orientación sexual e identidad de género en el desarrollo de sus competencias, para garantizar la integración del principio de igualdad y no discriminación» al colectivo LGTBI. 

Ello implicaría, por ejemplo, que toda la obra pública tendría que contar con un preceptivo informe que evaluase el impacto en el colectivo. Además del resto de actuaciones de las administraciones estatal y autonómica.

A la misma obligación estarán sujetas, según esta ley, «todas las disposiciones legales o reglamentarias de carácter estatal o autonómico que requieran la aprobación del Consejo de Ministros o del órgano equivalente de las Comunidades Autónomas». Esto es, toda la legislación del Estado y las Comunidades.

El partido indica que «el citado informe debe ir acompañado en todos los casos de indicadores pertinentes en materia de diversidad sexual, identidad de género, mecanismos y medidas destinadas a paliar y neutralizar los posibles impactos negativos que se detecten sobre lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, así como a reducir o eliminar las diferencias encontradas promoviendo la igualdad y la no discriminación por razón de orientación sexual, identidad o expresión de género o características sexuales».

El mencionado artículo ha recibido la censura en las enmiendas presentadas por los grupos. En concreto, el PSOE pide directamente que se suprima al considerar que «el impacto debe realizarse en relación al acceso de los bienes y servicios y se extiende a hombres y mujeres, no entendiéndose la especificidad que representan las personas LGTBI». 

El asunto ya sirvió para la polémica, semanas atrás, cuando trascendió que el Ayuntamiento de Madrid, de Manuela Carmena, había encargado la redacción de un estudio para medir el impacto de género en el soterramiento de la M-30, por importe de 52.337 euros.

La portavoz municipal, Rita Maestre, defendió que toda actuación urbanística tenía consecuencias para hombres y mujeres y por ello era necesario un informe que lo evaluase. «El soterramiento de M-30 tiene por supuesto impacto de género», señaló Maestre, para quien «cómo se desarrolla una ciudad tiene efecto en términos de géneros», aunque sin aclarar cuáles serían esos efectos.

De aprobarse, la ley obligaría a que la mencionada obra incluyese también un informe sobre cómo afecta a gays, lesbianas y transexuales.