Podemos exige blindar por ley los requisitos medioambientales de las minas en plena crisis energética

España tiene litio, pero no lo explota. Tiene uranio y tampoco lo explota. Pero las tensiones económicas y, en el caso del uranio, energéticas, han empezado a asustar a los equipos de Podemos. El partido morado, en consecuencia, ha exigido blindar por ley los requisitos medioambientales de las minas. Porque, en su cruzada ultraecologista, sabe que, a más costes, menos intentos de explotar esos yacimientos.

La proposición de ley ha sido ya registrado en el Congreso de los Diputados. Se trata de una modificación de la Ley 22/1973, de 21 de julio, de minas. Y allí Podemos argumenta sus exigencias a Sánchez.

Según el partido de Ione Belarra, “la regulación de la minería tiene en España una larga tradición”. “El texto original de la ley ha sido objeto de diversas modificaciones·, añaden. Y “la Ley 22/1973 se aprobó un año después de la Cumbre de la Tierra celebrada en Estocolmo de 1972, cuya Declaración final supuso el reconocimiento internacional de la necesidad de que los Estados adoptaran normas de protección ambiental y cuyo plan de acción incluye específicamente la minería”.

Pese a ello, los morados señala que “en este sentido, resulta destacable que la adhesión de España a las Comunidades Europeas y la incorporación del acervo internacional y de la Unión Europea en materia ambiental, no haya llevado a adoptar modificaciones que armonicen la ley con las nuevas exigencias ambientales. Extrañeza que también se produce ante el mantenimiento de un texto legal previo y no ajustado a la Constitución”.

Por todo ello, «la presente modificación de la ley alinea la normativa vigente con los principios comunitarios de protección ambiental, como son los principios de cautela, prevención, corrección de los atentados al medio ambiente y con otros compromisos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, suscrita por España en 2015 y que para avanzar en su implementación se aprobó por parte del Consejo de Ministros la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030 en junio de 2021”.

Los de Podemos señalan que, por lo tanto y para adaptarlo a esas exigencias es necesario perseguir «otras metas” que exige la agenda 2030, como es, por ejemplo, ”asegurar la conservación de los ecosistemas mediante el desarrollo sostenible del medio natural y rural, la gestión forestal sostenible, su restauración ecológica cuando sea necesario, y de otras actuaciones dirigidas a revertir la pérdida de biodiversidad, garantizando un uso sostenible de los recursos naturales y la preservación y mejora de sus servicios ecosistémicos» y que «al menos el 30% del territorio nacional, y el 30% de la superficie marina bajo jurisdicción nacional, esté protegida, garantizando una gestión efectiva y participada socialmente, así como la consecución de sus objetivos de conservación a partir del mejor conocimiento científico disponible”.

Traducido: más barreras y costes a la explotación minera. “Asimismo, la presente modificación de la ley incorpora las medidas ambientales y de participación pública imprescindibles para adaptar el régimen minero al acervo comunitario, también en este ámbito, dejando para la sustitución completa de la ley otros aspectos como los derivados del Estado de las Autonomías que, aunque son también necesarios serían más propios de una sustitución completa de la ley”, destaca el texto.

La ley actual declara como bienes de dominio público todos los yacimientos de origen natural y demás recursos geológicos existentes en el territorio nacional, mar territorial y plataforma continental, respecto de los que dice que podrán ser objeto de investigación y aprovechamiento. Pero “la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural hecha en París el 23 de noviembre de 1972, el Convenio Europeo del Paisaje, hecho en Florencia el 20 de octubre de 2000 y la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (Ley 42/2007) recogen la necesidad de proteger la diversidad geológica y el paisaje”, apuntan desde Podemos. Y ello hace necesario “incorporar esta protección como elemento consustancial al carácter de dominio público de los recursos geológicos”, señala el texto.
Es decir, más barreras y costes.

Es más, “la llamada acción estatal en la ley recoge una incipiente planificación que resulta completamente insuficiente en el marco de cualquier política pública moderna”. Y por ello se plantea una “planificación que establece objetivos concretos, un conjunto de medidas y medios adecuados para la consecución de los objetivos y un programa de aplicación y seguimiento, posibilita la necesaria eficacia exigida por la Constitución (artículo 103.1 y 131), un mayor control y transparencia, así como la participación pública en las decisiones estratégicas”. Estas razones “llevan a incorporar la realización de planes de gestión de la diversidad geológica y los recursos geológicos para protegerlos y ordenar su aprovechamiento”, lo que permitirá a los políticos tener un mayor control de limitación de las extracciones mineras.

El régimen de otorgamiento de los permisos, concesiones y autorizaciones establecidos en la ley también se endurece. “Se concibió ajeno a la concurrencia de otras competencias y valores que hoy no sólo son importantes”, señala Podemos. Y ahí entra una de las principales limitaciones, con el fin de “condicionar la eficacia de los permisos, concesiones y autorizaciones al otorgamiento de otras autorizaciones necesarias; integrar la tramitación de dichos permisos, concesiones y autorizaciones con las de los planes de restauración, los planes de desmantelamiento y abandono; los proyectos de las actividades e instalaciones complementarias para el tratamiento de lo extraído, en su caso, los estudios de transporte y movilidad, suministro de electricidad, agua u otros” y, además, “se adoptan medidas básicas de integración ambiental en cuanto a los principios rectores que informan toda actividad con efectos ambientales como son los principios de precaución y los principios de aplicación del mejor conocimiento, técnicas y prácticas disponibles; igualmente el análisis de riesgos deberá partir de la peor de las situaciones posibles”.