Sánchez monta una comisión para presionar a la Iglesia con impuestos ante la exhumación de Franco

El Gobierno ha designado ya a dos representantes para llevar las negociaciones con la Iglesia para el pago el Impuesto de Bienes Inmuebles y la devolución de bienes inmatriculados. Así lo ha revelado este lunes la vicepresidenta en funciones, Carmen Calvo, que ha considerado que ese pago es «justicia social».

El Ejecutivo socialista ha trasladado ya a la Iglesia una propuesta, aún sin respuesta por parte de la Conferencia Episcopal. Todo, en unos meses clave para la exhumación del dictador Francisco Franco, a la espera de la decisión del Tribunal Supremo.

Mientras llega esa decisión, el Gobierno avanza en sus planes para obligar a la Iglesia a pagar el IBI y también para recuperar los bienes inmatriculados.

Calvo ha apremiado a la Conferencia Episcopal Española a sentase a negociar con el Ejecutivo, «cuanto antes, mejor», para hablar de la propuesta que este le ha trasladado al presidente de este organismo eclesial, Ricardo Blázquez, para «replantear la fiscalidad de la Iglesia Católica» en España.

La vicepresidenta ha señalado que el objetivo es que «la fiscalidad de la Iglesia Católica en España sea exactamente igual que la de Italia y Francia».

En su visita al Vaticano, Calvo ya avanzó al secretario de Estado de la Santa Sede, Pietro Parolin, que «España quiere que la Iglesia Católica tenga el mismo nivel de fiscalidad que tiene en Italia o Francia, ni más ni menos».

«Queremos que contribuyan a la justicia social que supone aportar con sus impuestos a las políticas de igualdad y de solidaridad y fraternidad, que es lo que se construye con la fiscalidad de un país democrático», destacó este lunes Calvo, que apostilló: «Eso es lo que vamos a hacer y en lo que tenemos que trabajar». El Ejecutivo trasladó -«hace tiempo», según su versión- una propuesta a la Iglesia, en la que les avisaban de que debían sentarse a negociar cuanto antes.

Queja al Vaticano

Calvo ha avanzado también que el Gobierno trasladará una «queja formal» al Vaticano por la opinión expresada por el Nuncio, en una entrevista con Europa Press, en la que reprochaba que el Ejecutivo pretenda «resucitar a Franco» con la exhumación.

El Ejecutivo considera que es «una injerencia importante en asuntos de España» y ha tachado las palabras de «completamente impropias» porque, en su consideración, «nadie puede estar representando a otro Estado en uno diferente inmiscuyéndose en asuntos de esta naturaleza» y «haciendo opiniones contrarias a una ley de nuestro país».

En ese sentido, Calvo ha enfatizado que «la exhumación de los restos de Franco es la ejecución de una ley del Parlamento, sin votos en contra, en la que se pide que el Gobierno ponga en marcha el procedimiento para la exhumación al dictador» y que sus restos «se pongan en un lugar de carácter anónimo y no en uno de exaltación».

De esta manera, según ha abundado, «el Nuncio se ha saltado una ley española, y eso es completamente inusual», de ahí que el Gobierno se vaya a «quejar ante la Santa Sede de semejante intromisión».