Nuevo fracaso de Puigdemont en Europa: Bruselas rechaza actuar contra España por el ‘procés’

Carles Puigdemont atraviesa por uno de los peores momentos desde que comenzó su huida de la Justicia española. Este miércoles, la Comisión Europea ha rechazado la iniciativa Ciudadana Europea planteada por Puigdemont para que las instituciones europeas tomen medidas contra España por presuntas vulneraciones del Estado de Derecho.

Si este martes el prófugo independentista no se atrevía a pisar suelo francés para acudir a la constitución del Parlamento Europeo, hoy Puigdemont ha visto de nuevo como las puertas de la UE se cierran a sus peticiones para actuar contra España.

Puigdemont está intentando por activa y por pasiva acudir a todas las instancias europeas, primero para que le reconozcan su condición de eurodiputado y, segundo, para iniciar procesos contra España por supuestas vulneraciones que tienen que ver con el golpe de Estado independentista del 1-O. Ninguna de estas vías le ha salido bien al ex president de la Generalitat.

La iniciativa de Puigdemont buscaba una reacción de la Comisión. En concreto, el prófugo pretendía que se aplicara a España el artículo 7 del Tratado de la UE, que puede llevar aparejadas sanciones contra el Estado miembro. Sin embargo, esta vía se ha intentado ya sin éxito en los casos de Polonia y Hungría.

«Está manifiestamente fuera del ámbito de competencias de la Comisión proponer un acto jurídico para la aplicación de los Tratados de la UE, y, por consiguiente, la considera inadmisible», ha informado la Comisión en un comunicado tras subrayar que no se le pide «presentar una propuesta de acto jurídico, que es el único objetivo de las iniciativas ciudadanas europeas».

La iniciativa solicitaba a la Comisión Europea que evalúe la situación en España y adopte posibles medidas en el marco de los instrumentos de la Unión para reforzar la calidad democrática y prevenir la aparición de una amenaza sistémica para el Estado de Derecho.

La petición denuncia supuestas vulneraciones de derechos fundamentales en Cataluña por parte del Gobierno español, incluida la violación de la «dignidad humana, la libertad, la democracia, el respeto igualitario de los Derechos Humanos y de las minorías». Entre los ejemplos expuestos para sostener la acusación figuraba la decisión de la Junta Electoral Central de impedir que ni Puigdemont -como cabeza de lista de JxCAT- ni los consejeros Toni Comín y Clara Ponsatí pudieran concurrir a las elecciones al Parlamento Europeo del 26 de mayo.

La Comisión Europea ha venido defendiendo de forma reiterada en los últimos años que España es una democracia «plena» y la necesidad de respetar el marco constitucional español para resolver el conflicto catalán, la última vez en abril.

El vicepresidente primero de la Comisión Europea y responsable de Estado de Derecho, el socialista holandés Frans Timmermans, defendió en abril en un debate en el Comité de Regiones de la UE que España es una democracia «plena» y que no se puede «simplemente violar la Constitución» si no te gusta, sino que hay que pelear «políticamente» por cambiarla en este caso después de que el conseller de Acción Exterior de la Generalitat, Alfred Bosch, denunciara la «dura respuesta policial» durante el 1-O.