El Supremo rechaza suspender cautelarmente la regularización masiva de inmigrantes

El Tribunal Supremo ha rechazado la suspensión cautelar del proceso de regularización masiva de inmigrantes. El Alto Tribunal ha acordado este viernes que el proceso continúe en marcha mientras resuelve los recursos presentados contra la norma aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha tomado la decisión tras las cinco vistas que se han celebrado este viernes para debatir la petición cautelar de suspensión del proceso de regularización. La Comunidad de Madrid, presidida por Isabel Díaz Ayuso, Vox y tres asociaciones –Hazteoír, Libertad y Justicia, y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica– lideraban la petición de suspensión.

Después de tres horas de deliberación, los magistrados han negado el recurso de suspensión de las asociaciones, pero sí aceptan la potestad de la Comunidad de Madrid y de Vox para pleitear contra la regularización masiva.

El Supremo inadmite «por falta de legitimación activa» el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Asociación Hazte Oír, la Asociación Libertad y Justicia y la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica. En consecuencia, asegura que «no resulta necesario resolver sobre su petición de suspensión cautelar del Real Decreto impugnado».

En caso de Vox, el Alto Tribunal toma la decisión de «admitir la legitimación activa del partido político para interponer el recurso contencioso-administrativo contra el Real Decreto 1155/2024, y denegar su petición de suspensión cautelar del referido Real Decreto». Sobre la Comunidad de Madrid, se refleja la negativa a la petición de suspensión cautelar del Real Decreto.

El Gobierno ha defendido este viernes, ante los letrados del Supremo, que «no se cumplen los requisitos» para la suspensión de la regularización masiva, aprobada por el Ejecutivo el 14 de abril. En la misma línea, ha resaltado que ninguno de los inmigrantes regularizados podrán votar «en las siguientes elecciones».

La Abogacía del Estado ha defendido que «no se cumplen los requisitos» para la suspensión de la regularización, que ha advertido de que supondría una «afectación directa a los derechos de las personas extranjeras interesadas y, por ende, al interés general». Asimismo, ha afirmado que «en ningún caso» porán votar en las próximas elecciones los beneficiarios del procedimiento, que sólo tiene carácter nacional y que sólo habilita para residir y trabajar en España.

Los representantes de la Comunidad de Madrid han sostenido que la medida tiene un alcance «sin precedentes» y han avisado de que podría afectar a cientos de miles de personas, porque, sólo en Madrid, podrían regularizarse unas 250.000 personas. Asimismo, han anticipado el «colapso» que puede producir la regularización de cientos de miles de extranjeros en la sanidad madrileña, y han aclarado que no buscan ningún perjuicio para estas personas, sino «certeza» de que se cumple la legalidad.

Por último, el letrado de Vox ha respaldado también ante el Tribunal Supremo la suspensión cautelar del decreto de regularización y ha señalado que la medida puede alterar el equilibrio político, electoral y administrativo del país debido al número de inmigrantes que podrían obtener residencia legal.