Juicio al 'procés'

La Mesa puesta en el Parlament, las escuelas abiertas y un café pendiente con Jordi Cuixart

La segunda testigo de la mañana reivindica, sutilmente, la puesta en libertad en Jordi Cuixart: "Tenemos un café pendiente desde hace un año".

La Mesa puesta en el Parlament, las escuelas abiertas y un café pendiente con Jordi Cuixart
Juicio Procés Sesión 44

En la Mesa del Parlament coincidieron, durante el otoño de 2017, bajo la Presidencia de Carme Forcadell, Lluis Corominas, exvicepresidente de la misma, y Anna Simó, su exsecretaria primera. Ambos, que fueron procesados junto a la cúpula del procés en el Tribunal Supremo, están pendientes de ser juzgados en Cataluña (en el procedimiento 1/2017 del Tribunal Superior de Justicia) y hoy declaran, como testigos, citados a petición de la defensa de Forcadell, la abogada Olga Arderiu.

Lo hacen, en líneas generales, para eximir, a la entonces presidenta de la Cámara de representación catalana de cualquier responsabilidad en el desarrollo de las actuaciones parlamentarias, que tuvieron lugar, para facilitar el debate y tramitación de las leyes que se orientaban a la transitoriedad hacia la república catalana y la declaración unilateral de independencia. También, para desvincular aquéllas de los informes jurídicos de los letrados del Parlament, que «no son ni vinculantes ni preceptivos», aclara el propio Corominas durante su intervención. Aunque, asegura que Forcadell siempre los trasladó a los diputados para su conocimiento.

Corominas es el plato fuerte de las intervenciones de la tarde. El que más largo y tendido se ha explayado, de entre los ex compañeros de Forcadell, que estuvieron sentados, en los días de autos, como ella, a la Mesa del Parlament. Sirve como aperitivo la previa intervención de Pere Sol, exsecretario general del órgano legislativo catalán, quien asegura, a preguntas de la Abogacía del Estado, que «en ningún momento la Presidenta a mí me dijo algo tiene que ir o algo no tiene que ir». Algo en lo que coincidirá con el propio Corominas. Según la versión de este último,  Forcadell no impartió órdenes al resto de miembros de la Mesa, al revés. Se guió, durante los primeros meses y hasta estar familiarizada con el funcionamiento parlamentario, por los consejos de quienes tenían más experiencia, como él mismo.

La Fiscalía desmonta la tesis defensiva de Forcadell. Hay precedentes en que la Mesa del Parlament ha ‘inadmitido’ a trámite proposiciones de ley por razón de fondo y no de forma.

Corominas departe con el fiscal Javier Zaragoza sobre el criterio que sigue el Parlament de Cataluña para inadmitir temas a trámite. «Es sólo formal», apunta, «no se entra a cuestiones de fondo», continúa. Esta idea, que ya ha sido exhibida durante la declaración de la propia Forcadell, al principio de la causa, busca reforzar la tesis central de su defensa: como presidenta del Parlament, no podía oponerse a la tramitación de leyes -en concreto  la de convocatoria del referéndum del 1-O, ni la de desconexión- frente a los deseos de la Cámara.

Y si había alguna duda sobre el alcance de admitir a estudio, en sede parlamentaria, el «impulso político» como lo ha denominado Corominas, del llamado «proceso constituyente» -que sufrió en su andadura, no pocos avatares- ésta quedó despejada por una norma propia del Parlament, el artículo 83.3 de su reglamento (el 81.3 en 2017) que le permite incumplir lo previsto en dicho reglamento si se produce un respaldo del Pleno por mayoría absoluta de sus miembros.

Así, y a pesar de que «el letrado mayor de la Cámara y yo [decía en este mismo sentido, minutos antes, Pere Sol] acudimos a la presidenta para entregarle una nota en la que recordábamos la providencia del Tribunal Constitucional que advertía» sobre la improcedencia de incluir las dos polémicas leyes en el orden del día. Su exclusión no le correspondía a Forcadell, ni a la Mesa, en sí misma, por cuestiones de fondo. Si los dos grupos parlamentarios que la proponían, como sucedió, se ratificaban en incluirlas, se proseguía.

Aprieta entonces el fiscal Zaragoza al testigo. Pone en duda, el representante del Ministerio Público, si eso lo permite, textualmente, el reglamento del Parlament. «Estamos hablando de una cuestión de interpretación», reconoce Sol. Quien, no obstante, admite que, efectivamente, el Parlamento catalán «no siempre ha actuado así». En la tercera legislatura, recuerda, se inadmitió una iniciativa legislativa por cuestiones formales. «Hay precedentes», remarca Zaragoza al tribunal.

Corominas: «El referéndum afloró, políticamente, a través de la cuestión de confianza a la que se sometió Puigdemont».

El Ministerio Público insiste, con férrea disciplina, en la línea de demostrar que existieron precedentes jurídicos sobre la posibilidad de que una Mesa parlamentaria pusiese problemas al debate, por cuestiones de fondo, y no exclusivamente de forma, para la admisión a trámite de proposiciones de ley que versasen sobre cuestiones «manifiestamente inconstitucionales o no ajustadas a derecho». Esa facultad, que recordaba el mismísimo Tribunal Constitucional, era advertida, en diferentes intervenciones, por el letrado mayor del Parlament. Más allá un exhaustivo análisis jurídico del reglamento del Parlamento de Cataluña, y los entresijos particulares de la operativa de la Cámara parlamentaria, la interpretación normativa, que hicieron Forcadell y sus congéneres, fue a favor de obra.

La Fiscalía se empeña, de nuevo, en el turno de Corominas. Hay «al menos dos precedentes» en los que la Mesa del Parlament «inadmitió» la tramitación parlamentaria de dos proposiciones de ley. Vuelve a remarcar, así, que carece de sentido la tesis de que el órgano de gobierno parlamentario no puede dejar de admitir propuestas por cuestiones de legalidad, sino solo por aspectos de forma. «Las consideraron incongruentes», espeta el fiscal Zaragoza. El testigo responde, entonces, que no recuerda la situación a la que se refiere.

Corominas se esmera por defender la bondad de los trámites auspiciados por la Mesa del Parlament, bajo el mandato de Forcadell. No tanto como una defensa a la labor de la entonces presidenta, sino como una búsqueda de argumentos que utilizar para sí mismo y su defensa en el futuro juicio por desobediencia. Exactamente la misma estrategia que seguirá la última testigo, Anna Simó, quien asegura que la declaración unilaterial de independencia, nunca tuvo connotaciones más allá de lo político. Se trató de una mera actuación expositiva, sin trascendencia jurídica.

Escuelas abiertas (y ocupadas)

‘Escolas Obertas’ se crea, «precisamente»,  porque había una orden del TSJC que prohibía el uso de los colegios para las votaciones del 1-O. «Ejercimos nuestro derecho a la autodeterminación» que había sido deslegitimado «por uno de los poderes del Estado», asegura Ramón Font, maestro catalán y primer testigo del día.

«No era una concentración de personas en un sitio concreto, sino una movilización descentralizada, donde surgieron propuestas imaginativas: chocolatadas, debates, poesía, bailes, …», explica. La iniciativa se presentó el 27 de septiembre de 2017 y contó «con el respaldo de otras asociaciones de familias, estudiantes y sindicatos como CCOO y UGT», añade. Entre las que se encontraba, también, representada la ANC a través de su facción de ‘Enseñanza’.

«No entendíamos que los colegios, como templos de la cultura y la democracia, estuvieran cerrados el 1-O por ninguna decisión de ninguno de los poderes del Estado», espeta el testigo en una declaración errática.  «Los encierros eran una forma lúdica, pacífica y reivindicativa de protesta», recuerda. Para acto seguido publicitar el sentido del sindicato al que pertenece y significa varias campañas orientadas a acercar la actividad educativa a la sociedad civil, para las que han creado un ‘hasthag’.

Interviene Marchena: «Otra pregunta, por favor, para que se encauce el interrogatorio y no tengamos que visitar su hasthag».

«Era consciente de que se prohibía el referéndum pero no se prohibía ir a votar», confirma el testigo para, posteriormente, advertir al tribunal que aunque «hubiera estado prohibido votar habría ido igualmente».

El testigo evita, sin embargo, implicar en las Instrucciones para la ocupación de las escuelas, el 1 de octubre, y en el ‘pistoletazo de salida’ de las mismas, a Jordi Cuixart, quien llamó, el 29 de septiembre de 2017 a través de tuiter a ocuparlas, recuerda el fiscal Moreno al testigo: «Esta tarde todos a las escuelas». «Mucha gente dijo eso, era la sociedad civil organizada», relata. «Lo más efectivo son los medios de comunicación de masas, no nos engañemos», apunta para explicar el sentido del tuit y detallar los mecanismos que se emplearon para la convocatoria de la iniciativa de ‘Escuelas Abiertas’ (y ocupadas sin autorización).

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