Marlaska oculta al Congreso los expedientes de acercamientos y ventajas penitenciarias a los etarras

El Gobierno oculta al Congreso de los Diputados los expedientes administrativos tramitados por parte de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias para decidir los acercamientos y beneficios penitenciarios a presos de ETA, así como los criterios aplicados para autorizarlos.

La solicitud fue cursada por Vox, a través de una batería de preguntas por escrito y la petición de los correspondientes expedientes de traslado, progresión de grado y flexibilización de la ejecución de condena por aplicación del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. El partido de Santiago Abascal remitió más de 50 preguntas, interesándose, caso por caso, por el más de medio centenar de terroristas beneficiados por el Gobierno de Pedro Sánchez.

En cada una de las preguntas, la formación solicitaba información concreta sobre varios asuntos: si el etarra había pedido «perdón expreso a las víctimas», si reconocía el daño causado, si había colaborado con la Justicia «para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada o para la identificación y captura de sus responsables» o si se desvinculaba de la organización terrorista y asumía la legalidad penitenciaria.

El Ejecutivo se limita a responder de forma vaga y genérica, remitiéndose a una intervención de Grande-Marlaska en el Congreso, el pasado 24 de junio, en respuesta a una pregunta del diputado de Vox, Ignacio Gil Lázaro, sobre la negociación para el acercamiento de presos de ETA al País Vasco.

Maslaska defendió entonces que «la dispersión fue un instrumento importante que se utilizó para luchar contra la organización terrorista ETA», pero consideró que «la organización terrorista ETA fue vencida en el entorno del Estado de derecho» y, por ello, «estamos en otro momento histórico».

«Lo que se hace es aplicar la Ley General Penitenciaria, que prevé la necesidad de progresar, determinar y clasificar en grados al conjunto de los internos y siempre de forma individual, que es lo que hacen las juntas de tratamiento y bajo control judicial», destacó.

«Excarcelación encubierta»

El diputado de Vox, por su parte, reprochó las negociaciones con el PNV para «poner fin a la actual política de dispersión penitenciaria» y señaló un «proceso de negociación indirecta con los presos a través de Bildu» para una «excarcelación encubierta generalizada». 

«Se trata, en definitiva, de un mercadeo miserable: presos a cambio de un puñado de votos, de un puñado de votos que ustedes necesitan en esta Cámara con carácter urgente, de entrada, para aprobar los Presupuestos Generales del Estado, que son el salvavidas que el señor Sánchez necesita, al precio que sea, para al menos seguir dos años más en la Moncloa», avanzó ya entonces Gil Lázaro. Bildu votó este jueves a favor de las cuentas de Sánchez.

El Ministerio tampoco ha facilitado el informe con copia de los expedientes administrativos de traslados y progresiones que se han llevado a cabo desde agosto de 2018 hasta julio de 2020.

Bildu advierte

Desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa se han concedido hasta 175 beneficios carcelarios. Los últimos, este mismo miércoles: cinco etarras acercados a cárceles próximas al País Vasco, entre los que se encuentra Mikel Azurmendi, condenado a 30 años como responsable del asesinato del matrimonio Jiménez-Becerril.

El Gobierno socialcomunista logro este jueves sacar adelante el primer trámite de los Presupuestos Generales gracias, entre otros, al voto de los cinco diputados de Bildu.

La formación de Arnaldo Otegi avisó en el Congreso sobre sus intenciones tras el acuerdo alcanzado con Sánchez: «Jamás renunciaremos a nuestros objetivos sobre Euskal Herria», advirtió el diputado Oskar Matute.

Por su parte, la portavoz socialista Adriana Lastra defendió el acuerdo, legitimando a los proetarras: «Nos llaman extremistas y radicales por estos Presupuestos, pero los hemos pactado con demócratas».

Críticas de Vox

«La banda terrorista está haciendo valer sus acuerdos a la hora de aprobar los Presupuestos», denuncia el diputado de Vox Francisco José Alcaraz. Un proceso, recuerda, que tiene su origen en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero y que «se ha venido llevando a cabo de forma ininterrumpida».

«Nos ocultan información porque no tienen ningún argumento jurídico que los justifique», destaca Alcaraz. Recuerda que «no hay ni un solo preso etarra que haya colaborado con la Justicia y ayudado a esclarecer los asesinatos que están sin resolver, o que haya puesto ante un tribunal a sus compañeros asesinos para que sean juzgados».

«El Gobierno está acercando a los presos sin cumplir su propia ley. Y, además, lo de pedir perdón a las víctimas no lleva aparejada una reducción de las condenas. He podido hablar con muchos familiares de víctimas cuyos asesinos han sido acercados y no han pedido perdón, como dice el Gobierno. Y aunque así fuese, no cumplirían con los requisitos, que exigen colaborar con la Justicia», añade el diputado.