La Ley del alcohol y menores: qué es, cuándo entra en vigor y cuáles son las sanciones

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el proyecto de ley de alcohol y menores con el que se pretende reducir el consumo en esta franja de la población. Uno de los aspectos que se quiere controlar son los espacios en los que se podrá beber, limitándolos en gran medida. La publicidad, el patrocinio y la venta y dispensación de esta sustancia también estarán regulados.

Este proyecto del departamento de Mónica García, al que ahora se le ha dado luz verde, junta un gran número de normativas dispersas y homogeneiza las que ya aplican las comunidades y otras ordenanzas municipales para frenar su consumo en los más jóvenes, o al menos a retrasar la edad de inicio, ya que tres de cada cuatro adolescentes de «14 a 18 años» han bebido el pasado año, según la última encuesta Estudes de 2023.

¿En qué se basa este proyecto de ley?

Con este proyecto, se busca completar una serie de objetivos, como prohibir el consumo a todas las personas, adultos incluidos, en centros docentes (salvo las universidades), de protección de menores y residencias de estudiantes que admitan menores y en espacios deportivos, de ocio o dedicados a espectáculos públicos cuando haya sesiones que se hayan creado expresamente para ellos.

En esos lugares donde no estará permitido el consumo de alcohol, tampoco se podrá emplazar publicidad, ni en sus cercanías, ni en las de otros lugares frecuentados por menores, como centros sanitarios, de servicios sociales y sociosanitarios, parques y lugares de ocio infantil.

Incluso obliga a instalar en las máquinas expendedoras mecanismos que comprueben la mayoría de edad, similar al que ya usan algunas máquinas de tabaco. A pesar de que este martes se ha aprobado el proyecto de ley para esta medida, entrará en vigor un año después de la publicación de la ley, con lo que no se aplicará con efectos retroactivos.

¿Cuáles son las sanciones?

Antes de que se aprobara este proyecto de ley ya existían una serie de sanciones que se aplicarían en caso de que no se incumplan las normas que marca este principio:

• Infracciones leves: serán sancionadas con apercibimiento o con multa de 60 hasta 600 euros.
• Infracciones graves: serán sancionadas con multas d euros hasta 30.000 euros y/o suspensión temporal de la actividad y/o con cierre temporal, total o parcial, del establecimiento, centro, local o empresa, por un periodo de hasta tres años. La autoridad competente podrá acordar como sanción complementaria la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública de por un periodo de hasta tres años.
• Infracciones muy graves: serán sancionadas con multa de 30.000 euros hasta 600.000 euros y/o cierre temporal, total o parcial, del establecimiento, centro, local o empresa, por un periodo de hasta cinco años. La autoridad competente podrá acordar como sanción complementaria la prohibición de acceder a cualquier tipo de ayuda pública o beneficio fiscal o de seguridad social por un periodo de hasta cinco años.