La Junta de Andalucía conoce la identidad de los 52.000 ilegales que VOX pide expulsar

El portavoz de la UFP, José María Benito, destaca a OKDIARIO que la negativa de la Junta se debe a que “se amparan en la Ley de Protección de datos, cuando nosotros no hemos pedido datos sanitarios ni médicos en ningún momento”. Añade que “la Policía, para poder realizar su trabajo, tiene que tener identificadas a estas personas igual que tiene identificados a todos los españoles”.

Unos documentos que según el comunicado tiene archivados “bajo llave” el Servicio de Salud de Andalucía. El pasado 20 de diciembre, tras la derrota de la socialista Susana Díaz en las urnas, el sindicato UFP solicitaba por escrito al nuevo gobierno andaluz que le facilitara las copias de los pasaportes “de los 52.000 extranjeros irregulares que tienen la Tarjeta Sanitaria o el Documento de Reconocimiento Temporal sanitario”.

¿Qué ocurre cuando cruzan la frontera?

Una vez estas personas saltan la valla de Ceuta o Melilla, cruzan la frontera por Francia o llegan por mar a las costas españolas son interceptados por la Policía. “Lo primero que se hace es prestarles asistencia sanitaria por si alguno ha sufrido algún problema de salud durante el trayecto”, relata José María Benito. “Acto seguido la Policía se dispone a identificarlos, cosa que no se consigue en casi ninguno de los casos”, matiza.


¿Cómo se les identifica?

La identificación de los inmigrantes irregulares es probablemente el mayor reto al que se enfrentan los agentes. El portavoz de la UFP explica que “llegan sin documentación y no van a decir quiénes son para evitar algún tipo de expediente de expulsión”. No obstante, les identifica tomándoles las huellas dactilares.


¿Por qué tiene la Junta sus pasaportes?

Al no poder identificar su país de origen, quedan alojados en centros de acogida. Es allí cuando contactan con sus familias para solicitar su verdadera documentación. “Recaban toda esa información que les va a hacer falta para poder empadronarse y recibir la tarjeta sanitaria” dice Benito.

Aplicar la Ley de Extranjería

La UFP pide sencillamente que la Junta cumpla con la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, que en su artículo 141.c.1 dice que es obligación de las administraciones:

c) Facilitar a las otras Administraciones la información que precisen sobre la actividad que desarrollen en el ejercicio de sus propias competencias o que sea necesaria para que los ciudadanos puedan acceder de forma integral a la información relativa a una materia.

d) Prestar, en el ámbito propio, la asistencia que las otras Administraciones pudieran solicitar para el eficaz ejercicio de sus competencias.