El juicio sobre la ‘caja b’ del PP se inicia hoy marcado por la confesión de Bárcenas ante la Fiscalía

Luis Barcenas
El ex tesorero del PP Luis Barcenas.

El juicio sobre la caja b del PP se inicia este lunes con la incógnita de si el ex tesorero Luis Bárcenas –que se enfrenta a una pena de cinco años de cárcel– realizará nuevas revelaciones desde el banquillo de los acusados, tras el escrito enviado a la Fiscalía Anticorrupción en el que asegura que el ex presidente Mariano Rajoy conocía la financiación irregular del partido.

Anticorrupción ya ha advertido que la confesión de Bárcenas no tiene gran valor si no aporta pruebas que respalden sus afirmaciones. La vista oral se centrará en determinar si el PP utilizó 900.000 euros procedentes de su contabilidad en b para pagar la reforma de la sede nacional en la calle Génova de Madrid.

En cambio, el tribunal no podrá pronunciarse en su sentencia sobre las donaciones en negro anotadas en los llamados papeles de Bárcenas, porque el Juzgado Central de Instrucción número 5 todavía investiga dicha cuestión.

El tribunal de la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional formado por los magistrados José Antonio Mora Alarcón, María Fernanda García y Fernando Andreu tiene previsto celebrar unas 40 sesiones que se alargarán hasta mayo, un calendario que puede verse alterado nada más comenzar debido al positivo en coronavirus del ex gerente del PP Cristóbal Páez, que también se sienta en el banquillo de los acusados.

Rajoy y Aznar declaran como testigos

Anticorrupción pide una pena de un año y medio de cárcel para Páez, que seguirá las primeras sesiones desde su domicilio por videoconferencia, tras dar positivo en Covid. Tras las declaraciones de los acusados, llegará el turno de los testigos, entre los que se encuentran los ex presidentes del Gobierno y ex líderes del PP José María Aznar y Mariano Rajoy, cuyas comparecencias han sido solicitadas por las acusaciones populares.

En el caso de Aznar será la primera vez que declare en la Audiencia Nacional para que explique qué sabe sobre la presunta contabilidad paralela de los populares. Para Rajoy será la segunda vez que declare como testigo ante el tribunal, pues ya lo hizo en el juicio sobre la primera época de la trama Gürtel. En aquella ocasión afirmó que «jamás» supo nada de la presunta caja b del PP porque su responsabilidad en el partido eran «políticas», no contables.

El Ministerio Público pide para el ex tesorero Luis Bárcenas cinco años de prisión, que se sumarían a la condena de 29 años de cárcel y un mes que ya está cumpliendo por la primera época de la trama Gürtel.

Bárcenas ha cambiado de estrategia de defensa y dice ahora que está dispuesto a colaborar con la Justicia. En el escrito que remitió hace una semana a la Fiscalía Anticorrupción, afirma que «desde el año 1982 existió institucionalizado un sistema de financiación del Partido Popular con percepciones en B que se realizaban a través de donativos».

La trituradora de papeles de la calle Génova

Continúa diciendo que el entonces tesorero del partido, Álvaro Lapuerta, era el encargado de recibir y gestionar estos fondos, que se guardaban en una caja fuerte. En el juicio sobre la primera etapa de Gürtel, Bárcenas aseguró que las donaciones opacas que iban a parar a la caja b del PP «no tenían carácter finalista». Es decir, que los empresarios no daban este dinero a cambio de adjudicaciones públicas, sino que lo hacían para «echar una mano» al partido.

En cambio, en su carta a la Fiscalía ahora sostiene que, aunque «la inmensa mayoría de estos donativos» no tenían naturaleza finalista, en algunos casos sí se recibieron a cambio de adjudicaciones».

Bárcenas añade en el documento que «de todas estas actuaciones era perfectamente conocedor don Mariano Rajoy. Hasta el punto», añade, «de que a principios de 2009, tuvimos una reunión en su despacho, en el que mostré los papeles de esta contabilidad B, espetándome que cómo podía seguir conservando toda esa documentación comprometedora, que terminó, personalmente, destruyéndola en la máquina destructora de papeles, sin saber que yo guardaba copia de esa documentación», relata en su escrito.

Además, acusa a Rajoy, a los ex ministros María Dolores de Cospedal, Javier Arenas, Francisco Álvarez Cascos, Ángel Acebes (ex secretarios generales del partido), Federico Trillo, Rodrigo Rato; el expresidente del Senado Pío García Escudero y el ex diputado Jaime Ignacio del Burgo de haber recibido «complementos salariales». Todos ellos están citados a declarar como testigos en el juicio, aunque el tribunal aún no ha fijado fecha.

Los sobresueldos para dirigentes del partido

Bárcenas también apunta a la existencia de una grabación en la que Lapuerta comenta con una persona de confianza «sobre las entregas en metálico que se realizaban mensualmente a estos miembros del Partido Popular, en la que se mencionaba entre otros, expresamente, a Mariano Rajoy».

Fuentes de la defensa de Bárcenas consultadas por Europa Press no han precisado si durante la celebración del juicio o en el marco de otras investigaciones relacionadas con la presunta financiación irregular del partido se aportará esta grabación o facilitará al tribunal la forma de acceder a ella. Tampoco han aclarado si se entregarán las pruebas que reclama Anticorrupción.

En cualquier caso, el ex tesorero subraya que «gran parte» de la documentación sobre la contabilidad paralela de la que disponía «ha sido sustraída» del estudio de su mujer, cuando entraron a robar en el mismo», dice en alusión a la operación Kitchen orquestada por el Ministerio de Interior durante el Gobierno de Rajoy.

Por último, sobre el asunto que ahora se enjuicia, Bárcenas (que fue gerente del partido entre 1990 y 2008, año en el que sucedió a Lapuerta) señala en su escrito que 900.000 euros pertenecientes a la contabilidad paralela se destinaron a la reforma de la sede de la calle Génova.

En el banquillo estará acompañado de los socios de la constructora Unifica que ejecutó la obra, Gonzalo Urquijo y Belén García, para quienes el Ministerio Público solicita tres años y 10 meses por falsedad documental y contra la Hacienda Pública. También estará presente la empleada de esta empresa Laura Montero, para quien Fiscalía interesa el sobreseimiento de la causa, en contra de la acusación que mantienen las acusaciones populares. En el caso de Álvaro Lapuerta, estaba acusado en esta causa, pero se archivó con respecto a él por «demencia sobrevenida» dos años antes de fallecer.

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