La juez sospecha de las firmas a mano de David Sánchez y confirma que su amigo trabajó 3 años en Moncloa

Un nuevo auto de la juez Beatriz Biedma revela sus dudas sobre la autenticidad de varias firmas manuscritas en documentos oficiales de David Sánchez correspondientes a sus actividades durante varios años diferentes, pero con el mismo bolígrafo. El director del Área de Cultura de la Diputación, Manuel Candalija Valle, ha informado a la magistrada que los documentos le fueron entregados en formato papel el pasado 3 de febrero, sin que exista constancia telemática de su fecha de emisión o recepción.

Este hecho ha llevado a la magistrada a requerir aclaraciones urgentes sobre las Memorias de Actividades presentadas, específicamente si estas ya estaban registradas ya en el Área de Cultura desde las fechas que constan en las mismas -formando parte de expedientes oficiales- o si fueron entregadas todas simultáneamente el 3 de febrero, como sugiere el informe de Candalija. Cabe la posibilidad de que fueran fabricados todos a la vez y no al término de cada ejercicio anual. La jueza ha solicitado además que se identifique quién hizo llegar estos documentos al director del Área.

Por otra parte, la juez que investiga al hermano de Pedro Sánchez ha confirmado oficialmente que Luis María Carrero, persona de confianza de David Sánchez Pérez-Castejón, trabajó durante tres años en el Palacio de la Moncloa antes de ser contratado por la institución pacense. Según la documentación remitida por el Ministerio de la Presidencia a la jueza Beatriz Biedma, Carrero ocupó el cargo de vocal asesor entre marzo de 2020 y diciembre de 2023, con un nivel 30 como personal eventual de confianza. Durante ese periodo estuvo adscrito al Departamento de Análisis y Estudios del Área de Presidencia del Gobierno, bajo la jefatura de gabinete de Óscar López.

La magistrada ha puesto el foco en la posterior incorporación de Carrero a la Diputación de Badajoz como jefe de Sección de Centros y Programas de Actividades transfronterizas, precisamente en el mismo departamento donde trabajaba David Sánchez. Las sospechas sobre este nombramiento han llevado a la jueza a solicitar un informe específico a la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

La investigación comenzó centrándose en la creación de un puesto de «alta dirección» para David Sánchez en octubre de 2016 (coincidiendo con su expulsión del PSOE) y su posterior adjudicación en julio de 2017 (dos meses después de que Pedro Sánchez recuperara el control del partido). Los investigadores sospechan que la Diputación de Badajoz fue adaptando las funciones del puesto a las necesidades personales del hermano del presidente, incluyendo la contratación de personal adicional para reducir progresivamente su carga de trabajo.

Como desveló OKDIARIO, el sumario recoge correos electrónicos con un elevado nivel de confianza entre David Sánchez y Luis Carrero, incluso antes de que este último se incorporara a la Diputación. El ex asesor de Moncloa le llamaba con sorna «querido hermanito». Él contaba seguro con dar el salto a la Diputación de Badajoz incluso antes de que se cerrarse el procedimiento de selección de personal.

En una de estas comunicaciones entre ambas, fechada en octubre de 2023, el hermano del presidente comentaba a Carrero sus planes para meter en la guardería a su hija en Madrid, a pesar de que su contrato le obligaba a prestar servicios de forma habitual en Badajoz y declaraba residir en Portugal.

Carrero se presenta en la documentación de la Diputación como historiador, escritor, traductor, profesor de idiomas y «especializado en contenidos comunicativos». La jueza Biedma ya había ordenado a finales de enero que la UCO se encargara «personalmente» de recabar información sobre su trabajo en Presidencia del Gobierno, al considerarla «imprescindible» para elaborar un informe sobre la presunta criminalidad en la creación de su puesto.

En el procedimiento judicial figuran como denunciantes Vox y diversas asociaciones como Manos Limpias y Hazte Oír, mientras que hay diez personas investigadas. Las partes disponen de un plazo de tres días para presentar recurso de reforma contra la última providencia judicial, que busca esclarecer la cronología exacta de la documentación administrativa relacionada con el caso y la autenticidad de las firmas manuscritas en documentos oficiales.