El juez nombra facilitador procesal para el acusado de la muerte de Mateo

El Juzgado que instruye el caso de la muerte del menor en Mocejón designa a una facilitadora procesal para asistir al presunto autor de la muerte del pequeño Mateo, tal y como lo habíamos advertido. Jesús Lorenzo Aguilar, mediador y abogado, director del programa de Justicia Restaurativa de la Asociación Española de Mediación (Asemed) aseguró hace varios días que el procedimiento que se estaba llevando a cabo en el caso del asesino de Mateo, el niño de Mocejón no trataba correctamente la situación procesal del presunto responsable de la muerte, pues si esa persona se acreditaba una discapacidad intelectual, se le debía designar a un facilitador procesal como así ha ocurrido con una actuación «rápida y diligente».

Por otra parte, según Lorenzo Aguilar, con esta decisión se protege a la familia de la víctima, pues se evitan posibles nulidades procesales que victimizarían nuevamente a la familia de Mateo.

Este importante abogado recordó que en febrero, el Congreso de los Diputados aprobó la modificación del artículo 49 de la Constitución Española, consagrando en nuestra norma suprema la protección de las personas con discapacidad para que ejerzan sus derechos fundamentales en condiciones de libertad e igualdad reales y efectivas.

Aunque tal declaración protectora parezca una obviedad, en realidad las personas con discapacidad han venido sufriendo graves obstáculos en el ejercicio de sus derechos, de lo cual «nos hemos mantenido ajenos la mayoría de los operadores jurídicos que participamos con distintos roles en el procedimiento judicial» señala Aguilar.

«Es cierto que nuestro sistema judicial, policial y administrativo, a pesar de los esfuerzos que se han realizado con la formulación de guías y protocolos por los distintos organismos públicos para el acceso de personas con discapacidad intelectual (CGPJ, Ministerio Fiscal, Policía Nacional y Guardia Civil, etc.), no está preparado para atender a estos ciudadanos en igualdad de condiciones que a las demás personas. Y la mayoría de los profesionales del derecho que participamos en todo este engranaje no hemos sido conscientes de ello», recalca el especialista y mediador judicial.

Y es que, este asunto no es baladí, pues en España, este colectivo agrupa a casi 270.000 personas debidamente censadas, sin contar a las que no cuentan con un diagnóstico de discapacidad intelectual certificado por los profesionales competentes.

«Esto es algo que desgraciadamente llevo viendo desde hace muchos años en mi servicio como mediador penitenciario en las cárceles españolas, donde es común encontrar a personas que cumplen condena que aparentemente presentan signos en distintos grados de discapacidad intelectual, mostrando un evidente desconocimiento del contenido de las resoluciones judiciales que los privan de libertad».

Ha sido en los últimos tiempos cuando se ha puesto mayor atención a este aspecto, ya que son muchos los internos que reclaman este tipo de atención. No comprenden el lenguaje que se utilizan en las resoluciones judiciales, ya que a veces es demasiado técnico y difícil de comprender, lo cual supone una grave barrera para el ejercicio a su derecho fundamental de defensa, consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española.

Y estos obstáculos para acceder a la Justicia en igualdad no sólo se producen en las cárceles, «sino también en la sociedad libre y moderna en la que creemos convivir, donde hay ciudadanos que tienen graves barreras para acceder a los procesos judiciales de toda índole por sufrir una discapacidad intelectual», aclara Jesús Aguilar.