La juez Bolaños pide investigar filtraciones relativas a los cursos de formación y la FAFFE

La juez de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, ha pedido que se investigue la filtración del último informe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional en el marco de la causa judicial abierta contra el ex consejero de Hacienda Ángel Ojeda por las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta, donde se investiga los 33 millones que recibieron las empresas del Grupo Prescal, pertenecientes al ex consejero.

Esta decisión llega después de que el abogado Juan Carlos Alférez, que ejerce la representación procesal del ex consejero, denunciara el pasado viernes ante el Juzgado la presunta comisión de un delito de revelación de secretos por la filtración del citado informe, toda vez que dos medios de comunicación habían informado la pasada semana sobre el último informe de la UDEF relativo a la causa, en el que se apuntaba que Ojeda «podría haberse apropiado» de 3,6 millones de euros de forma irregular de la concesión de subvenciones para cursos de formación.

Pues bien, en una providencia, con fecha 13 de noviembre y a la que ha tenido acceso Europa Press, la magistrada solicita remitir al Juzgado de Guardia de Incidencias los medios en los que se publicaron estas informaciones, el escrito de la representación procesal del ex consejero y esta resolución para que investiga la comisión de un presunto delito de revelación de secreto.

Según el escrito de denuncia presentado por el abogado de Ojeda, con fecha de 9 de noviembre y al que ha tenido acceso Europa Press, los medios de comunicación, El Confidencial y Antena 3, «dieron como noticia el contenido exacto y preciso de un atestado policial presentado recientemente en este Juzgado, ofreciendo datos que de manera evidente revelan que a dichos medios les ha sido facilitado copia o parte del informe policial, reconociéndose en la propia noticia haber tenido acceso al citado atestado».

Dado que a este parte procesal no le había sido notificado el citado atestado policial, y «en la necesidad perentoria de tener acceso al mismo para poder responder a los citados medios, en su caso, lo que al derecho defensa, honor y propia imagen de nuestro defendido interesase», el abogado se personó el pasado viernes en la Oficina Judicial para obtener copia.

Entonces, se informa al letrado que el atestado está recién presentado y que aún no está escaneado, que por su volumen no es posible ser entregado todavía a las partes y que en breve no será facilitado.

Además, según el escrito, quedó confirmado que «cuando salió la noticia el atestado aún no estaba notificado a ninguna sola parte procesal, ni aún siquiera el Ministerio Fiscal». Por ello y siendo «evidente» que pudiera tratarse de un presunto delito de revelación de secretos tipificado en los artículos 197 y siguientes del Código Penal, la defensa de Ojeda solicitó «deducción de testimonio del presente escrito de denuncia e incoación de diligencias previas para la averiguación de los presuntos delitos que pudieren haberse cometido por ignorados autores, con la subsecuente depuración de responsabilidades, en su caso».

La defensa del ex consejero «está ante la completa seguridad de que es imposible que la filtración haya podido proceder del propio Juzgado, dado que es altísimo el concepto que tanto la parte como el letrado que suscribe tienen de todos y cada uno de los servidores públicos que desarrollan su labor en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, del que es titular María Núñez Bolaños».

En este sentido, el propio abogado Juan Carlos Alférez aclaró a Europa Press que la denuncia «lógicamente no va contra los medios de comunicación, que hacen su trabajo y están amparado por la libertad de prensa, sino contra quien le haya facilitado la información cuando ni una sola parte procesal tenía el atestado».

Filtración de la FAFFE

Con la misma fecha, la juez instructora, en la causa que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta y dentro de la pieza separada de la extinta Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), ha dictado una providencia en la que pide investigar la filtración la grabación de la declaración del ex director general de la extinta fundación Fernando Villén el pasado 11 de octubre por el uso de tarjetas con fondos de la entidad en prostíbulos.

Cabe recordar que recientemente la propia María Núñez acordó incoar nuevas diligencias previas para investigar el uso de las tarjetas bancarias con fondos de la extinta Faffe por parte de Villén en diferentes prostíbulos de Sevilla, Cádiz y Córdoba, haciendo frente a gastos de casi 32.000 euros, tras la petición de la Fiscalía Anticorrupción a este respecto después de la declaración del ex director general el 11 de octubre.

Villén, en su declaración, vinculó estos pagos en los clubs de alterne, de unos 32.000 euros, dentro de la actividad «comercial» que desarrollaba para el organismo. Además, señaló que los hechos son «indecorosos e impresentables» y se mostró «muy arrepentido».

Los hechos que se investigarán en esta nueva pieza, según señalaron fuentes de la Fiscalía a Europa Press, son distintos de los que se indagan en la pieza separada de la Faffe, donde se analizan contratos «irregulares» y traspaso de fondos públicos «sin contratos».

Aquí, según las citadas fuentes, queda claro que el «único sujeto activo» es Villén, la «metodología criminal» y «la cuantificación de la defraudación». Por todo ello, para la Fiscalía, quedaría «poco» por conocer para ir directamente a juicio para juzgar estos hechos investigados, en concreto, saber si se devolvió el dinero a la Faffe por parte de Villén como él declaró o como apunta la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en su último atestado son «apuntes contables falsos».

En este sentido, Villén señaló en su declaración que devolvió todo el dinero en efectivo a la «caja central» de la Fundación, salvo el presunto pago de 14.737 euros en el club ‘Don Angelo’ de Sevilla. En este punto y a preguntas del fiscal anticorrupción, explicó que llamó al banco para preguntar cómo podía hacer para que no saliera registrado en la cuenta ese último pago.

Entonces, según precisó, le dijeron que tenía que ir al club de alterne y hacer el pago en efectivo y anular el anterior. Villén reiteró que devolvió todo el dinero con fondos propios, pues entonces tenía una situación «adecuada» ya que él y su mujer trabajaban.

Además, las citadas fuentes han indicado que, aunque Villén haya devuelto el dinero y suponga una atenuante, sigue habiendo un delito de malversación.

De otro lado, Villén, en su declaración, vinculó los gastos en prostíbulos a la actividad comercial que desarrollaba en su cargo en la Faffe, pues el patronato de la extinta fundación alcanzó un acuerdo por el que se exigía que la Fundación contara con ingresos del sector privado, más allá del dinero aportado a su presupuesto por la Junta.

Al hilo de esto, las citadas fuentes han asegurado a Europa Press que a la Fiscalía Anticorrupción le «consta que toda la financiación de la Faffe es pública».