El juez archiva la pieza de la trama Púnica contra los alcaldes del PP tras 9 años de investigación

Archivada la pieza de la trama Púnica contra los alcaldes del PP tras nueve años de investigación. El titular del Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, Manuel García Castellón, ha acordado el sobreseimiento provisional de esta pieza 10, en la que se ha investigado la contratación de trabajos de reputación online de cargos del PP encargados a las empresas EICO y Madiva de Alejandro de Pedro. El juez concluye que es casi imposible distinguir cuando se desvía dinero público para promocionar a un político de su actuación como cargo de una administración.

El magistrado de la Audiencia Nacional ha decidido archivar esta pieza de la trama Púnica que involucraba a 40 personas vinculadas al PP. Entre estos investigados estaban los ex alcaldes de Castellón, Alfonso Bataller; Denia, María Kringe Sánchez; Coslada, Raúl López Vaquero; Valdemoro, José Carlos Boza Lechuga, y Majadahonda, Narciso de Foxá Alfaro. A ellos también se sumaban otros cargos públicos del PP que contrataron estos trabajos de reputación online.

En la resolución judicial, García Castellón concluye que no se aprecia la existencia de un concierto de estas personas para desarrollar a través de la contratación pública una trama defraudatoria por los delitos investigados de falsedad en documento mercantil, malversación, prevaricación, tráfico de influencias y cohecho, entre otros. De esta manera, los 40 cargos públicos vinculados al PP que han sido investigados durante la instrucción no habrían incurrido en ningún delito.

Dificultad para disociar

La cuestión esencial, según el magistrado, para abordar si estos contratos tienen o no una entidad penal para tipificarlos como delito de malversación, reside en la dificultad de disociar el nombre de la persona y el cargo que ocupa cuando ostenta una responsabilidad pública. «Resulta especialmente difícil disociar en el ámbito de las redes sociales, la persona misma del cargo que ocupa, y más aún cuando se trata de potenciar su imagen pública», reseña García Castellón en el auto.

En este contexto, el juez incide en que no hay manera de establecer una línea divisoria entre el protagonismo que le corresponde a una persona como consecuencia de la actividad social que está llamada a desempeñar desde la institución en la que ejerce su cargo y la obra social creada desde la institución que representa.

El magistrado de la Audiencia Nacional explica que afirmar que un perfil público en una determinada red social de un político que ostenta un cargo público es «publicidad personal», supone, «sencillamente, abstraerse de la realidad social del momento en el que nos encontramos». Y prosigue argumentando: «Si se tuviera que instar una investigación penal por cada uno de los políticos de este país que tuviera una red social a su nombre, para discernir si se trata de publicidad institucional o personal, o que contrate empresas de marketing, para examinar si realmente promociona su nombre o la institución, no solo se saturarían los juzgados de instrucción, sino que se estaría desnaturalizando el ordenamiento penal».

De esta forma, esta es la piedra angular sobre la que descansa esta pieza separada de la trama Púnica que ha sido archivada. García Castellón remarca que se hace imposible la actuación penal encaminada a esclarecer si, al contratar las empresas de Alejandro de Pedro actuaban para su beneficio personal, o en atención al cargo que desempeñaban.

Contratos de la trama Púnica

En todos los contratos analizados, el magistrado de la Audiencia Nacional concluye que se realizó la prestación de los servicios acordados. Además, el juez recalca que ninguna de las noticias publicadas era de carácter privado de los alcaldes del PP sino que giraban en torno a actividades relacionadas con funciones de carácter público.

Por último, señala que tampoco se ha practicado prueba alguna que permita inferir que los precios abonados estuvieran por encima de los de mercado en el ámbito de la publicidad de medios. Tras nueve años de calvario, los 40 cargos públicos investigados en esta pieza de la trama Púnica ya pueden respirar tranquilos.