Los jueces piden amparo al Poder Judicial tras la injerencia de Marlaska en la causa del 8-M

La Asociación Profesional de la Magistratura (APM), principal asociación profesional de magistrados de España, ha pedido amparo al Poder Judicial para que proteja la independencia de los jueces y tome medidas para que puedan hacer su trabajo sin presiones ni interferencias políticas. Tras conocerse que el cese del coronel Pérez de los Cobos, dictado por Marlaska, se produjo porque el mando no quiso «informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil, en el marco operativo y de Policía Judicial, con fines de conocimiento», los jueces han advertido que,»de acreditarse tal actuación, el sistema judicial dispone de medios legales para la depuración de responsabilidades».

«Cualquier intento de conocer, fuera los supuestos autorizados, el propósito, curso, contenido o resultado de unas diligencias, o, más grave, de influir en su contenido» podría suponer «una injerencia en la función judicial susceptible de afectar a su principio de independencia», afirman los jueces, en un nuevo comunicado.

Dimisión o cese

Por su parte, la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), segunda entidad profesional de jueces y magistrados de España, ha exigido hoy la dimisión o el cese inmediato del ministro de Interior, Fernando Grande-Marlaska, tras haber «perdido toda legitimidad para cualquier cargo ejecutivo» después de que haya trascendido el documento oficial en el que la propia directora general de la Guardia Civil explica por escrito que el coronel Pérez de los Cobos fue cesado recientemente por «no informar del desarrollo de investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento».

En un comunicado oficial, la AJFV que representa a más de 900 jueces en todo el país, considera «inaceptable» que un Estado democrático permita a un ministro de Interior «tomar represalias contra un alto mando de la Policía Judicial por no desvelar actuaciones de investigación policial en el marco de una instrucción».

Conocedor de la irregularidad

Además, los miembros de la carrera judicial que han instado la dimisión de Marlaska, consideran que todo ello es todavía más reprochable en el caso del actual ministro del Interior, por su condición de magistrado.

«Es inadmisible que un magistrado se conduzca de esta manera, porque responde a un conocimiento de la irregularidad y a una voluntad clara de modificar el curso de investigaciones judiciales», apuntan desde AJFV. Un intento que, a su juicio, permitiría al investigado -el delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco- acceder a un «conocimiento privilegiado de lo actuado que permita a los investigados explorar líneas de defensa para contrarrestar» las acusaciones que pesan contra ellos, «al margen de los cauces establecidos en la ley».

Inhabilitación como juez

Los hechos son muy graves. «El Ministro ha mentido y ha atentado contra la separación de poderes, al tratar de conocer el contenido de un Informe encargado en el marco de unas diligencias que pueden dar lugar, en última instancia, a declarar responsabilidades penales de miembros del Gobierno del que forma parte», denuncian desde Foro Judicial Independiente (FJI).

Tal es así que, aseguran, «lo ocurrido no sólo le deja en evidencia para el ejercicio del cargo que desempeña, sino que le compromete gravemente y le deslegitima para volver a ejercer la función judicial». El hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, aplazó la carrera judicial de la que formaba parte como presidente de la Sala Segunda de lo Penal de la Audiencia Nacional, para entrar a formar parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, en la anterior legislatura.

Desde Foro Judicial Independiente exigen «reformas para garantizar una efectiva separación de poderes que refuercen la independencia judicial» y piden «que se ponga fin a las puertas giratorias que permiten pasar de la judicatura a la política, y vuelta a la judicatura, sin ninguna restricción o cautela», a cambio de un gran peaje: «la confianza del ciudadano en el Poder Judicial».

«Los hechos que hemos conocido hoy son una muestra más de la necesidad de que la investigación penal esté a cargo de una autoridad independiente, con todos los medios a su disposición, incluida una policía judicial que dependa orgánica y no sólo funcionalmente, de jueces y magistrados», añaden desde FJI en un contundente comunicado institucional.