Belarra insta a las comunidades a acoger menas: prevé 35 millones en subvenciones, un aumento del 26%

• Segundo Sanz @SegundoSanz
• Investigación e información parlamentaria
• • 14/10/2021 06:47
  • Actualizado: 14/10/2021 11:03

El Gobierno de PSOE-Podemos, a través del ministerio de Ione Belarra, ha aumentado un 26% la partida de ayudas destinadas a las comunidades autónomas para atender a los menores extranjeros no acompañados (menas), elevando los 27,7 millones de euros previstos en los actuales Presupuestos Generales del Estado hasta los 35 millones, según consta en el proyecto de ley para 2022 presentado este miércoles en el Congreso en el inicio de su tramitación parlamentaria.

En concreto, el Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, que dirige la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, incluye esos 35 millones en las transferencias corrientes a comunidades autónomas «para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados». Esta partida está enmarcada en el ámbito de la Dirección General de Derechos de la Infancia y de la Adolescencia. La propia Belarra afirmó el pasado julio que «los niños y las niñas más vulnerables nunca van a representar un problema para nuestra sociedad, que haya quien los considere como tal sí que es un gran problema para nuestro país». Así se refirió a los menas para rebatir los episodios de violencia, los robos y las agresiones en los que se ven implicados.

En los Presupuestos de 2021, actualmente vigentes, la citada partida se sitúa en 27.700.000 euros y aparece concebida «para la concesión directa de subvenciones a las comunidades autónomas y las ciudades de Ceuta y Melilla para la atención a niños, niñas y adolescentes migrantes no acompañados». En el momento de la aprobación de tales cuentas el año pasado estaba al frente del ministerio de Belarra su antecesor en dicha cartera y en la secretaría general de Podemos, el ex vicepresidente segundo Pablo Iglesias.

En el proyecto de Presupuestos para 2020, que acaba de ser depositado en la Cámara baja, el Gobierno de Pedro Sánchez sostiene que «es particularmente relevante la iniciativa de apoyo financiero y técnico a las comunidades autónomas en la ejecución de sus competencias relativas a la prestación de servicios sociales de protección a la infancia en el caso de los niños, niñas y adolescencias migrantes no acompañados».

La ‘ley Rhodes’

En este sentido, el Ejecutivo socialcomunista señala que una vez aprobada la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia, la controvertida ley Rhodes, «se deben desarrollar en 2022 una buena parte de sus acciones más relevantes» y cita aquí «un nuevo procedimiento de determinación de la edad en el marco de las medidas de protección a los menores no acompañados».

Otras medidas enmarcadas dentro del desarrollo de esta ley son «la Estrategia de erradicación de la Violencia hacia la infancia» o la puesta en marcha del polémico Consejo Estatal de Participación de la Infancia y de la adolescencia, que estará formado por 34 menores de 8 a 17 años y con el que los comunistas quieren politizar e instrumentalizar a los niños. Este miércoles se supo que el Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad de Vox contra la ley Rhodes en tanto prohíbe a los padres ver a sus hijos tras denuncias de violencia de género sin pruebas.

Por su parte, el pasado fin de semana Vox presentó su Agenda España en contraposición a la Agenda 2030 que ejecuta el Gobierno donde plantea el «cierre de los centros de menas que crean inseguridad en nuestras calles» «Todos los menores extranjeros deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata», subraya la formación de Santiago Abascal.

Precisamente, Vox fue denunciado por hacer uso de un cartel electoral en los últimos comicios a la Comunidad de Madrid donde cuestionaba el dinero que gasta la administración en los menas frente al que dedica a la pensión de «tu abuela». Varios partidos y asociaciones afines llevaron este cartel a los tribunales pero la Justicia no vio delito de odio y consideró que «los menas representan un evidente problema social y político».