La inmobiliaria de la tía de Pablo Iglesias, al borde de la quiebra tras el pelotazo de 72.600 € con la sede de Podemos

La sociedad inmobiliaria Alquian SA, vinculada a Paloma Pérez-Marín Turrión, tía segunda de Pablo Iglesias, ha encadenado ya tres ejercicios consecutivos con números rojos, según las últimas cuentas depositadas en el Registro Mercantil.

La empresa, que en 2018 cobró una comisión de 72.600 euros por intermediar en la compra de la sede central de Podemos, ha visto reducido su patrimonio a menos de un tercio del que tenía hace apenas dos años, en una situación que dista mucho del papel protagonista que jugó en las operaciones inmobiliarias del entorno del ex vicepresidente del Gobierno.

Las cuentas del ejercicio 2025, aprobadas en la Junta General Ordinaria celebrada el 17 de junio de 2026, reflejan unas pérdidas de 8.418,18 euros. Esta cifra, aunque exigua en comparación con ejercicios anteriores, se suma a los 16.190,33 euros negativos registrados en 2024 y a los más de 805.000 euros de pérdidas de 2023.

En el acta de la Junta, firmada por Ángel Rosendo Pérez-Marín Turrión –también familiar de Iglesias– como presidente y por Paloma Pérez-Marín Turrión como secretaria, se recoge textualmente que, «siendo el resultado del ejercicio negativo, se estima a ser compensado con futuros beneficios».

Tres ejercicios seguidos con pérdidas

Los datos más llamativos de la última documentación mercantil tienen que ver con el capital social de la empresa. Si en 2024 el capital escriturado ascendía a 668.991 euros, en 2025 esta partida se ha reducido a 481.351 euros, un recorte que ha coincidido con la desaparición completa de las reservas de la sociedad, que pasaron de 580.742 euros a cero.

El patrimonio neto de Alquian SA se sitúa ahora en 456.742 euros, frente a los 465.161 euros del ejercicio anterior, y muy lejos de los 1.355.755 euros que la sociedad atesoraba en 2022. En apenas tres años, la inmobiliaria ha perdido cerca de un 66% de su patrimonio.

El total de activos de la compañía se ha reducido igualmente hasta los 406.334 euros, frente a los 412.978 euros de 2024. La empresa mantiene, no obstante, sus existencias -fincas rústicas en Almería- prácticamente congeladas en 288.711 euros, una cifra que no varía desde hace varios ejercicios debido a la imposibilidad de dar salida comercial a estos terrenos.

Terrenos «protegidos» sin solución

La memoria abreviada del ejercicio 2025 vuelve a insistir en el problema estructural que arrastra la empresa desde hace más de una década: la protección medioambiental de sus fincas en Almería, clasificadas como «Lugar de Interés Comunitario» (LIC).

El documento reconoce con resignación que «seguimos con poca esperanza; cada día, a pesar de la insistencia y del cambio político en la Comunidad Autónoma de Andalucía, seguimos con la protección cautelar que pesa sobre toda la finca y su clasificación de LIC».

Sobre la revisión del Plan General de Ordenación Urbana de Almería, la empresa admite igualmente que «sigue en la misma situación que se consignó en la Memoria de ejercicios anteriores», sin que se haya producido avance alguno en los últimos años.

La sociedad continúa sin personal asalariado, según consta en la documentación oficial, y su Consejo de Administración ha reducido su número de miembros de cinco a cuatro entre 2024 y 2025, con un incremento de la representación femenina del 20% al 25%.

El origen de la polémica

La crisis actual de Alquian SA contrasta con el papel que Paloma Pérez-Marín Turrión desempeñó en 2018, cuando actuó como agente inmobiliaria en la compra de la nueva sede de Podemos en la calle Francisco Villaespesa de Madrid, adquirida al grupo hotelero Transhotel por 2.253.000 euros pagados al contado.

Por aquella intermediación cobró una comisión de 72.600 euros, un pago que el propio partido intentó ocultar mediante un mecanismo de cheques cruzados a través de la empresa vendedora.

Pérez-Marín Turrión, tía segunda de Pablo Iglesias por parentesco materno, también participó, según documentación presentada ante la Agencia Española de Protección de Datos, en la compra del chalet de Iglesias y la actual eurodiputada Irene Montero en Galapagar, una operación que se cerró apenas un mes después de la adquisición de la sede.

El contraste entre aquellas operaciones, marcadas por comisiones de miles de euros vinculadas al círculo más próximo al ex vicepresidente, y la actual sangría patrimonial de la empresa familiar plantea interrogantes sobre el verdadero estado de las finanzas de una sociedad que, paradójicamente, no logra rentabilizar ni sus propios activos inmobiliarios.

Con un capital menguante, unas reservas agotadas y unos terrenos que llevan décadas sin poder venderse, Alquian SA afronta un futuro incierto. La empresa que un día facilitó el mayor pelotazo inmobiliario conocido de Podemos hoy sobrevive, ejercicio tras ejercicio, a base de compensar pérdidas que ya han devorado buena parte de su patrimonio histórico.