Urkullu destina 1,4 millones para compensar a las víctimas de supuesto maltrato policial

El Gobierno de Iñigo Urkullu ha destinado 1,4 millones para reparar a las presuntas víctimas de ‘maltrato policial’ en la Comunidad. Como reveló OKDIARIO, el Ejecutivo nacionalista recaba ya las denuncias por estas supuestas torturas.

En la actualidad, el Gobierno nacionalista trabaja en el desarrollo del decreto de  la conocida como ‘ley de abusos policiales’ -Ley de reconocimiento y reparación de víctimas de vulneraciones de derechos humanos en el contexto de la violencia de motivación política- aprobada por el Parlamento Vasco en abril con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de Bildu y Podemos y el voto en contra del PP.

En 2017, el Gobierno de Mariano Rajoy recurrió la ley aprobada un año antes por el Parlamento Vasco bajo la denominación de ‘Reconocimiento y Reparación de Víctimas de Vulneraciones de Derechos Humanos en el contexto de la violencia de motivación política en el País Vasco entre 1978 y 1999’.

El tribunal acordó la suspensión, entre otros, de la polémica ‘Comisión de Valoración’, un órgano de perfil político encargado de valorar las solicitudes de reparación de las supuestas víctimas. Se trata de un ente ‘parajudicial’ con capacidad para tomar testimonio y con iniciativa de investigación ante supuestos abusos cometidos por funcionarios públicos, que no fueron  condenados por la Justicia o, ni siquiera, denunciados ante los tribunales.

Pero el ahora presidente en funciones, Pedro Sánchez, en un gesto hacia el PNV por su apoyo en la moción de censura, acordó la retirada de dicho recurso a cambio de que el Gobierno vasco introdujese varios cambios. En abril, el Gobierno vasco presentó una reforma, que fue aprobada con los votos a favor de PNV y PSE, la abstención de Podemos y Bildu y la oposición del PP.

La polémica Comisión

Esa reforma -que fue también recurrida por PP  y Ciudadanos- mantiene la controvertida Comisión, que establece que las presuntas vulneraciones de derechos humanos «se podrán acreditar mediante la aportación de resolución judicial o administrativa» que las reconozca o «por cualquier otro medio de prueba admisible en derecho, sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo».

La Ley ampara a las víctimas de «vulneraciones de derechos humanos producidas en contextos de violencia de motivación política en la Comunidad Autónoma del País Vasco, en el período comprendido entre el 29 de diciembre de 1978 y el 31 de diciembre de 1999»: fallecidos, con lesiones permanentes invalidantes o no invalidantes y aquellos que padecieron maltrato grave y lesiones de carácter no permanente, además de otros que no encajen en estos supuestos, a consideración de la Comisión.

Ahora, el Ejecutivo vasco recaba las solicitudes de supuestos casos ocurridos entre 1979 y 1999, pero también ha abierto un plazo extraordinario para los presuntos maltratos entre 1969 y 1978. En el primer caso, los solicitantes tienen un plazo de hasta dos años y de 12 meses en el segundo.

Sin juicio previo

La declaración como víctima implica «el derecho al reconocimiento público» de esa condición, así como «el derecho a la reparación», que comprende una compensación económica «y, cuando proceda, una asistencia sanitaria para superar los daños sufridos como consecuencia de las vulneraciones de derechos humano».

La Ley de abusos policiales pretende investigar, sin juicio, casos de presuntas vulneraciones de derechos humanos, bien sea con resultado de muerte, lesiones permanentes invalidantes o no, casos de maltrato grave y otros casos que se determine.

A la Comisión de Valoración le corresponde «valorar las solicitudes presentadas y proponer de forma motivada su inadmisión o, cuando proceda, la declaración de la condición de víctima, y en su caso, las medidas de reparación o la denegación de la solicitud presentada».

En el texto se expone que «la vulneración de derechos se podrá acreditar, por cualquier medio de prueba admisible en derecho sin que sea preciso que haya existido un proceso judicial previo».

La Comisión tiene un perfil claramente político. Está compuesta por el director de Derechos Humanos del Gobierno Vasco, tres personas designadas por el titular de la Secretaría General o Viceconsejería competente en materia de derechos humanos, tres expertos en la materia designados por el Parlamento Vasco, dos peritos forenses y un psicólogo o psicóloga designados por el Instituto Vasco de Medicina Legal.

Este órgano podrá solicitar al Gobierno vasco y a otras administraciones públicas, entidades y órganos, públicos o privados,»antecedentes, datos o informes que pudieran resultar necesarios para la tramitación de los expedientes», así como denuncias, expedientes judiciales, informes médicos, material periodístico y otras diligencias.