Illa rechazó a 13 empresas por no ser «solventes» y fichó a la ‘trama Koldo’ tras vender mascarillas ‘fake’

El ministro de Sanidad durante la pandemia, Salvador Illa, adjudicó a la empresa Soluciones de Gestión, en el epicentro de la trama Koldo, dos lotes de su acuerdo marco para el suministro de mascarillas de tipo FFP2 y FFP3. El importe de ese acuerdo era de 2.500 millones de euros y tenía como objetivo hacer más ágil la adquisición de material sanitario para las comunidades autónomas y otros ministerios. Illa adjudicó los dos lotes (8 y 9) a Soluciones de Gestión acreditando su «solvencia» pese a que, por aquel entonces, ya había suministrado mascarillas defectuosas al propio Gobierno y también a las comunidades de Baleares -presidida por la ahora presidenta del Congreso, Francina Armengol- y Canarias, en manos del actual ministro Ángel Víctor Torres. Sanidad descartó en cambio a otras 13 empresas por «no acreditar suficientemente la solvencia técnica exigida».

Según consta en el expediente, consultado por OKDIARIO, la empresa para la que intermediaba Koldo García, ex asesor del ex ministro José Luis Ábalos, se hizo con dos lotes para suministrar mascarillas a 14 comunidades autónomas y los ministerios de Defensa e Interior.

En cuanto a la «solvencia técnica», el departamento de Illa aprobó la propuesta de Soluciones de Gestión tras presentar distintos avales de las administraciones públicas. Entre ellos, los que le habían firmado el Gobierno de Armengol, el Ministerio de Transportes y el de Interior. Esos documentos, como publicó OKDIARIO, fueron expedidos justo en los mismos días en que la empresa concurría a la citada licitación.

Los criterios del Ministerio de Sanidad para acreditar la «solvencia» de las empresas participantes eran escuetos, según la documentación del contrato consultada por este periódico. En lo relativo a la «solvencia técnica», apenas se exigía a la empresa presentar la «relación de los principales suministros de igual o similar naturaleza realizados en los últimos tres años, incluyendo importe, fechas y el destinatario público o privado de los mismos».

Para ello, sería suficiente con aportar los «certificados expedidos o visados por el órgano competente» o, en el caso del sector privado, un certificado o «declaración del empresario».

Avales

Soluciones de Gestión presentó los certificados expedidos por Puertos del Estado y Adif -dependientes del Ministerio de Transportes-, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y el Servicio de Salud del Gobierno balear, presidido por la socialista Francina Armengol. Por entonces, ya se había detectado material defectuoso en las partidas de mascarillas suministradas por la trama ahora investigada, tanto en Transportes como en Baleares y Canarias.

En el caso balear, por ejemplo, el Centro Nacional de Medios de Protección (CNMP), dependiente del Ministerio de Trabajo, ya había advertido en junio de 2020 al Servicio de Salud de Baleares que «ninguna de las referencias» analizadas cumplía «con los requisitos de una mascarilla FFP2».

Pese a ello, el 12 de agosto el Gobierno de Francina Armengol acreditó a Soluciones de Gestión para que pudiese optar al súper contrato de Sanidad con un certificado en el que se aseguraba que había realizado «suministros de manera satisfactoria durante el año 2020», sin «ninguna incidencia».

No fue el único documento. También el Ministerio de Transportes -a través de Adif y Puertos del Estado- y el de Interior emitieron sus certificados de solvencia a favor de los socios de Koldo un día después, el 13 de agosto.

En uno de los documentos, el entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, acreditaba que Soluciones había ejecutado «la totalidad del contrato con arreglo a las condiciones establecidas». Se trataba de un encargo de «mascarillas médicas antivirus a prueba de polvo K112 respirador FFP2», por un importe total de 20 millones, el de mayor cuantía recibido por la trama.

También Adif avaló en similares términos a la empresa investigada, destacando ante Sanidad que había «iniciado el servicio indicado desde marzo hasta mayo de 2020, ejecutándolo con arreglo a condiciones y satisfacción del que suscribe», es decir, el director general de gestión de personas. Por entonces, según revelan los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO), Soluciones de Gestión ya había emitido «una factura rectificativa» para la devolución de 19.000 euros debido a la importación de material defectuoso» a causa de una partida de mascarillas que no disponía de película filtrante.

Esos avales fueron determinantes para que la empresa recibiese luz verde de Sanidad.

Según consta en uno de los informes elaborados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, Soluciones de Gestión «logra certificados de garantía de empresas e instituciones a los que ya ha suministrado material sanitario, logrando así postularse como proveedor de mascarillas en este acuerdo marco, lo que entre otros aspectos, quedaría justificada su elección por las entidades participantes».