Golpe para Sánchez: sus propios escoltas admiten que no identificaron a ningún agresor de «ultraderecha» en Paiporta

Los escoltas del presidente del Gobierno Pedro Sánchez que le acompañaron durante la visita a Paiporta tras la devastadora DANA han declarado ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Torrent que no pudieron identificar personalmente a ninguno de los agresores que supuestamente atacaron al político socialista y a su comitiva el 3 de noviembre de 2024. Así lo han confirmado fuentes jurídicas a OKDIARIO, en lo que supone un revés significativo para la acusación en un caso que lleva abierto desde hace más de un año y que investiga delitos de atentado, desórdenes públicos y daños.

Las declaraciones tuvieron lugar el 18 de febrero de 2026 y corrieron a cargo de cinco agentes de la Policía Nacional que formaban parte del dispositivo de seguridad del presidente. Declararon por videoconferencia desde Madrid de forma individual y durante breves periodos de tiempo. Sólo preguntó uno de los abogados de las defensas, que logró demostrar que ninguno de los escoltas tomaron los datos personales de los responsables de las airadas protestas.

Sánchez culpó entonces de los incidentes a los «grupos ultras perfectamente organizados». Sin embargo, más de un año después no aparecen esas supuestas agrupaciones extremistas estructuradas. La investigación apunta a que sólo eran vecinos anónimos disconformes con la respuesta institucional del Ejecutivo de PSOE y Sumar.

El juzgado valenciano abrió el procedimiento penal tras recibir el atestado de la Guardia Civil que narraba agresiones sufridas presuntamente por Sánchez y un escolta de la Casa Real durante aquella jornada caótica. Los tres delitos investigados son atentado, desórdenes públicos y daños, estos últimos relacionados con los destrozos causados al vehículo presidencial, incluido el retrovisor.

La Fiscalía sostiene en solitario la acusación, a diferencia de lo ocurrido en otros procedimientos similares —como el caso de la piñata de Ferraz o el de la lona de HazteOir contra Sánchez, en los que sí está personado el jefe del Ejecutivo—. En este caso, esa figura está ausente, lo que deja el peso de la acusación exclusivamente en manos del Ministerio Fiscal.

Ninguna medida cautelar

Desde el principio, el caso ha girado en torno a tres investigados identificados con las iniciales F.F.M., G.M.G. y D.C.C., residentes en Albal, Godella y Paiporta, respectivamente. Dos de ellos comparecieron ante el juzgado y fueron puestos en libertad provisional sin medidas cautelares, aunque permanecen bajo investigación. Cada uno de los investigados cuenta con una defensa distinta.

El caso judicial lleva abierto 16 meses y apenas hay avances. Fuentes oficiales dicen que el asunto sigue investigándose. El fiscal del caso solicitó el día 2 de abril la prórroga del plazo de investigación por otros seis meses adicionales.

El 3 de noviembre de 2024, los Reyes de España y el presidente del Gobierno visitaron Paiporta, uno de los municipios más golpeados por la DANA que arrasó la Comunidad Valenciana días antes. Desde el primer momento, la comitiva se encontró con una crispación de proporciones inusitadas entre los vecinos.

Los asistentes comenzaron a lanzar objetos: un palo voló cerca de la espalda de Sánchez y una bola de barro alcanzó a la reina Letizia. La situación se deterioró progresivamente hasta que el equipo de seguridad del presidente activó el protocolo de evacuación y lo trasladó al Puesto de Mando Avanzado. Más tarde, el vehículo en el que viajaba fue atacado y sufrió daños materiales visibles, incluida la rotura del retrovisor. Tras ese día se popularizó el sobrenombre de «el galgo de Paiporta» para Sánchez por su huida.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, explicó al día siguiente que la salida de Sánchez fue decidida por su propio equipo de seguridad «por razones obvias de seguridad», subrayando que el presidente «ya había recibido un golpe que está totalmente objetivado».

A pesar de esa documentación y del atestado de la Guardia Civil, el juzgado lleva más de año y medio sin poder dar un paso adelante, en parte porque, según admiten ahora los propios agentes de escolta, ninguno fue capaz de señalar con certeza a los responsables.

El caso de Paiporta, con tres investigados en libertad y sin que los escoltas presidenciales hayan podido identificar a ningún presunto agresor, se encamina a convertirse en una pieza judicial de bastante ruido procesal y, por ahora, ningún condenado con nombre y apellidos.