El Gobierno riega con un millón al grupo de cineastas controlado por la hermana de un dirigente de Sumar

El Gobierno de coalición de Pedro Sánchez riega ya con un millón de euros a la Asociación de Mujeres Cineastas y de Medios Audiovisuales CIMA, cuya directora gerente es Alba González de Molina Soler, hermana de Pedro González de Molina Soler, que forma parte del Consejo de Coordinación de Sumar. Este político también fue secretario de Educación y Formación de Podemos Canarias. 

Las subvenciones en el mundo del cine tienen un tradicional adjudicatario. Se trata de CIMA, una asociación que trata de promover la igualdad en el sector audiovisual y que ha recibido millones de euros públicos por parte del Ministerio de Igualdad y el departamento de Cultura, que dirige el también portavoz de Sumar Ernest Urtasun.

Llama la atención cómo la asociación que dirige Alba González de Molina y que está copando las subvenciones tiene parentesco con uno de los miembros del núcleo duro de Sumar. Su hermano Pedro González de Molina formó parte de las listas de la candidatura Sumar Avanza, que lideraba la vicepresidenta Yolanda Díaz. También milita en Comisiones Obreras (CCOO). 

Las subvenciones a CIMA durante los gobiernos de coalición de Sánchez han ascendido a 1.019.877 euros en total; de los cuales 299.877 euros se recibieron durante el Ejecutivo de PSOE-Sumar y 720.000 euros cuando Pedro Sánchez pactó el Gobierno con Podemos. Desde entonces el hermano de Alba González de Molina ha estado vinculado a estos partidos izquierdistas en distintos cargos.

La mayor partida de subvenciones a CIMA proviene del Instituto de la Cinematografía y de las Artes Audiovisuales (ICAA), que depende del Ministerio de Cultura. El ICAA ha otorgado desde que Podemos y Sumar están en el poder 920.000 euros para CIMA. Todas ellas como subvenciones nominativas para financiar sus actividades.

También han utilizado a la Dirección General de Industrias Culturales para regar de fondos a CIMA. Una de estas partidas, dotada con 15.000 euros destinados a la acción y promoción cultural de la asociación, fue adjudicada a dedo.
Por su parte, el Ministerio de Igualdad, a través del Instituto de las Mujeres, también les ha otorgado importantes sumas de dinero. También lo ha hecho la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, que les concedió 24.877 euros para programas de concienciación y prevención contra la violencia de género.

Sueldo público

Alba González de Molina fue nombrada directora gerente de CIMA en noviembre de 2022, cuando ya gobernaba Pedro Sánchez con sus socios de Ejecutivo en los que milita su hermano. La canaria fue designada por unanimidad tras la votación de las socias de CIMA.
Gracias a este puesto recibe un sueldo que viene de las subvenciones que le otorga el PSOE y Sumar desde los ministerios que controlan en el Gobierno. González de Molina también recibió un salario público trabajando para el Cabildo de Gran Canaria.

Asimismo, la hermana del político vinculado a Sumar fue empleada de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Este organismo también es tradicional adjudicatario de las licitaciones del Gobierno para realizar proyectos en países en vías de desarrollo. 

La asociación condenada

Ahora, la hermana del político de Sumar dirige CIMA, una asociación a la que pertenecen 1.300 profesionales del medio audiovisual unidas para fomentar la presencia de las mujeres en el cine. Son principalmente directoras de cine, televisión, guionistas, productoras y actrices, entre otras profesiones del sector. 

«Tenemos un mismo objetivo en común: fomentar una presencia igualitaria de las cineastas y profesionales del audiovisual contribuyendo a una representación equilibrada y realista de la mujer dentro de los contenidos que ofrece nuestro medio», explican en su página web.
Los tribunales condenaron a CIMA y a la que fuera su presidenta Cristina Andreu por vulnerar el honor de la productora Marta de Santa Ana. La asociación de mujeres cineastas y su presidenta vertieron comentarios en redes sociales y medios de comunicación que dañaron la reputación de la productora y le hicieron perder subvenciones públicas.
El Tribunal Supremo avaló las sentencias de instancias inferiores confirmando que tanto CIMA como su máxima responsable vulneraron el derecho al honor y desmerecieron gravemente la reputación de la cineasta al imputarle unos hechos que no eran veraces y que le llevaron a perder las subvenciones públicas para la producción de su película. Tuvieron que pagarle 20.000 euros de indemnización.