El Gobierno respalda sus políticas verdes tras el apagón con 300.000 € para un CIS de Tezanos de ecología

El Gobierno de Pedro Sánchez busca respaldar sus políticas verdes tras el apagón del pasado 28 de abril que afectó a toda la España peninsular y parte de Portugal con un barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) de José Félix Tezanos sobre la «percepción de la ciudadanía» sobre la «transición energética» y sobre las «políticas estratégicas» entre las que se incluye la introducción del «vehículo eléctrico». Este servicio costará a las arcas públicas 300.000 euros.

El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, de Sara Aagesen, y el CIS de Tezanos han firmado un convenio para realizar un «barómetro sobre transición energética 2025-2026» y crear «grupos de discusión en el ámbito de la transición energética».

Las entrevistas que va a realizar el Gobierno tendrán que ver con «la importancia de la transición energética respecto a otras áreas de interés», así como la opinión de los ciudadanos «sobre el estado de situación y futuro de la transición energética». También se interesarán por su visión acerca del «impacto en la vida de los ciudadanos».

Además de eso, se pondrán en marcha «grupos de discusión» para tratar «aspectos concretos de la transición energética». Especialmente, se centrarán en «la percepción de la ciudadanía por cuestiones como la movilidad eléctrica». Serán cinco reuniones, de las cuales una se realizará en la Comunidad de Madrid y otras cuatro en autonomías diferentes.

Por una parte, el IDAE se encargará de poner sobre la mesa 231.000 euros para la realización del barómetro y 17.500 euros para el grupo de discusión. Por su parte, el CIS aportará 99.000 euros para la realización de la encuesta y otros 7.500 euros para poner en marcha los grupos.

Responsabilidad del Gobierno

Esta estrategia llega después de que el Gobierno fuera señalado por el apagón. Entre otras cosas, un informe preliminar del Instituto de Investigación Tecnológica de la Universidad Pontificia de Comillas al que tuvo acceso OKDIARIO responsabilizó a la empresa participada por fondos públicos Red Eléctrica (Redeia) del incidente del pasado 28 de abril.

En concreto, el estudio asegura que la causa fue «la programación de insuficiente generación síncrona con control dinámico de tensión» y que «las maniobras realizadas» por la empresa que preside Beatriz Corredor «redujeron aún más el margen de seguridad, acelerando el colapso del sistema».

El análisis revela que la generación síncrona (principalmente ciclos combinados y centrales nucleares) en las zonas sur y centro era inusualmente baja, con solo un grupo de ciclo combinado en Andalucía y uno nuclear en el centro.

Además, más de un tercio de la red de 400 kV estaba desconectada por mantenimiento o control de tensión, lo que condujo a la ocurrencia de oscilaciones poco amortiguadas. Las oscilaciones de ese día fueron observadas en toda Europa.

CIS para apoyar al Gobierno

El Ejecutivo ya ha recurrido en otras ocasiones al CIS, cuyas estimaciones se han alineado habitualmente con las posiciones del Gobierno, para tratar de preparar el terreno ante una medida determinada. Es el caso del sondeo encargado por la administración central para conocer la opinión de los españoles respecto a la prostitución.

Esta decisión coincidió con el anuncio del PSOE de que llevaría al Congreso de los Diputados una ley para abolir esta práctica después de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil recogiera una conversación entre el ex ministro de Fomento José Luis Ábalos y su ayudante, Koldo García, repartiéndose prostitutas.

El Ministerio de Igualdad, a través de la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género, firmó este 3 de julio una resolución «para la realización de la encuesta sobre la percepción social de la prostitución». El coste de este servicio se elevaría hasta 330.000 euros, de los cuales, la cartera de la socialista Ana Redondo se hará cargo de 231.000 euros y el CIS, de los 99.000 restantes.