El Gobierno prohíbe a Ceuta y Melilla inaugurar pisos públicos «sin la presencia» de la ministra Rodríguez

El Gobierno de Pedro Sánchez ha diseñado un Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 que, según pregona, responde al «clamor social» por garantizar el derecho constitucional a una vivienda digna. Con una inversión prevista de 7.000 millones de euros, el Ejecutivo asumirá el 60% del desembolso mientras las comunidades autónomas gestionarán el 40% restante. Lo sorprendente es que este plan incluye un artículo que impide a las ciudades autónomas celebrar actos públicos de obras financiadas con fondos estatales si no cuentan con el beneplácito del ministerio de Isabel Rodríguez.

Al entrar en la letra pequeña del plan, OKDIARIO ha podido constatar que se ha colado el artículo 100, una perla normativa que convierte cualquier inauguración de vivienda pública en un acto que requiere la autorización de Isabel Rodríguez. El texto no admite dudas: las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla «no podrán realizar inauguraciones, presentaciones públicas, actos de puesta de primera piedra o similares» sin «la presencia o autorización del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana».

La norma obliga a comunicar al Ministerio «de forma fehaciente y con una antelación mínima de veinte días» cualquier acto de este tipo. Y las consecuencias del incumplimiento son claras: el Ministerio que dirige Isabel Rodríguez podrá «suspender total o parcialmente las transferencias de fondos del Plan a la correspondiente comunidad autónoma o ciudad de Ceuta y Melilla».

En la práctica, esto significa que ninguna autoridad local de estas ciudades podrá inaugurar una vivienda pública, colocar una primera piedra o presentar un proyecto sin que el Gobierno central esté presente o haya dado su autorización expresa. De esta forma, el Gobierno pretende asegurarse no solo la rentabilidad política del plan, sino también el escaparate y la foto.

El Partido Popular ha expresado su descontento con el plan y ha acusado al Gobierno de «unilateralidad» y «autoritarismo» en su formulación, además de criticar la «falta de lealtad» de la ministra Rodríguez en las negociaciones.
«Tal y como está diseñado, obliga a aplicar políticas sobre las que los expertos han advertido de sus nefastas consecuencias, como la intervención del mercado, las zonas de mercado tensionado y la generalización de subvenciones que acarrean una subida generalizada de precios», han indicado desde el PP en un comunicado.

«Su desprecio es total y exigimos al Gobierno que explique por qué ha rechazado de antemano las aportaciones que las autonomías le enviaron en el mes de julio», han añadido.

En este sentido, el PP ha acusado al Gobierno de ofrecer pactos de Estado y pedir una tregua en las políticas de vivienda y, al mismo tiempo, «pasar por encima de las comunidades, invadiendo sus competencias para imponer sus recetas de fracaso».