El Gobierno de bronca en bronca: Podemos exige extender el ‘escudo social’ y Calviño teme por la deuda

La extensión del llamado escudo social que se puso en marcha durante la pandemia, a petición de Podemos, amenaza con ser un nuevo foco de tensión en el seno del Gobierno de coalición. Los dos socios negocian ya una prórroga de las medidas que la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, trata de rebajar al mínimo por el fuerte impacto que están teniendo en las arcas públicas y que, según fuentes de su entorno, «compromete nuestra economía». El ala socialista ve «con preocupación» la prolongación de alguna de estas medidas por el alto coste que suponen.

La vicepresidenta primera del Gobierno es la que, a día de hoy, frena el avance en las negociaciones. Como en otras ocasiones, Calviño advierte de que todas estas medidas «no tienen un respaldo económico» que asegure su viabilidad y no ponga en riesgo las cuentas públicas a corto y medio plazo. «La situación de la economía española es crítica», señalan algunos expertos consultados por este periódico, con una inflación general en el 8,7% y una inflación subyacente en el 4,9% y que parecen no haber tocado techo.

De momento la discusión se centra en la duración que debe tener este segundo escudo social. La formación morada quiere que este nuevo paquete de medidas, que están negociando con el PSOE, esté en vigor hasta finales de año. En concreto hasta el día 31 de diciembre. Pero en Ferraz, que en público rechaza poner fechas, hablan de tres meses menos, del 30 de septiembre. Fuentes del PSOE consideran que «hay que ser prudentes» y abordar las medidas «en función de los escenarios que se vayan produciendo».

Podemos quiere que en este nuevo paquete de medidas, que se tendrá que aprobar en Consejo de Ministros en las próximas semanas para ser convalidado posteriormente en el Congreso, se añadan ayudas para reducir el coste del transporte público, se amplíen los beneficiarios del bono social y se actualicen las pensiones no contributivas con carácter inmediato en base al IPC, para que los prestatarios lo noten ya en el ingreso de la pensión del próximo mes de julio.

Esta decisión, que implicaría adelantar prácticamente la revalorización de las pensiones medio año, para que los pensionistas puedan hacer frente a la subida de los precios de forma inmediata, no se ha tomado nunca en España. De ahí que exista cierta controversia entre lo que pide Podemos, y que defiende el secretario de Estado de Derechos Sociales y gurú económico de Podemos, Nacho Álvarez, y lo que defiende el Ministerio de la Seguridad Social de José Luis Escrivá. Bruselas examinará con lupa la decisión española ya que de ella dependen los siguientes pagos de los fondos europeos.

La otra medida que los podemitas esperan poder incluir en este segundo escudo social, siguiendo los pasos de Alemania, es la creación de una bolsa de ayuda a los municipios y a las comunidades autónomas para rebajar el precio del transporte público. Los morados quieren que los ciudadanos tengan que pagar como mínimo 10 euros menos a la hora de comprar el abono de transporte. De esta forma se paliarían los efectos que tiene para las administraciones municipales y autonómicas el encarecimiento de los precios de la energía, haciendo viable y competitivo el transporte colectivo.

Por último, Podemos, también exige una reforma del bono social que se puso en marcha esta legislatura con el objetivo de que llegue realmente a los dos millones de españoles que pueden ser beneficiarios de esta ayuda. La formación que dirige Ione Belarra considera imprescindible agilizar los procesos de solicitud de las solicitudes así como garantizar que, en caso de impago de una factura energética, se informe de la situación de vulnerabilidad de una familia antes de que se emprendan acciones que puedan suponer el corte de los suministros.