El Gobierno blinda como «secreto de Estado» la seguridad 24 horas en las viviendas de sus ministros

El Ministerio del Interior ha clasificado como «secreto oficial» la seguridad de las viviendas de todos los ministros del Gobierno de Pedro Sánchez, según una respuesta en el Portal de Transparencia a la que ha tenido acceso OKDIARIO. El Ejecutivo ya había recurrido a dicha reserva para evitar dar información sobre el dispositivo que blinda el chalet de Pablo Iglesias e Irene Montero en la localidad madrileña de Galapagar.

En este contexto, la pregunta buscaba conocer en concreto qué miembros del Gobierno cuentan a su disposición, como los dirigentes de Podemos, con un despliegue de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado para proteger sus viviendas, durante 24 horas al día.

Sin embargo, el Ministerio de Fernando Grande-Marlaska rechaza también aquí atender a lo solicitado, alegando que se trata de información «sensible relativa a materias clasificadas» y que, por ello, «ha de someterse al régimen jurídico específico de los secretos oficiales».

En su respuesta, el Gobierno admite que «es un hecho público y notorio -basta con consultar cualquier periódico- que dos ministros del Gobierno cuentan con protección estática en su domicilio».

Asimismo, se conoce, añade, qué ministros hacen uso de viviendas oficiales. «En consecuencia, no cabe duda que de facilitarse la información solicitada y suponiendo que el número fuera superior a dos, sería sencillo poder deducir qué ministros del Gobierno no cuentan con protección estática en sus domicilios, lo que podría implicar una brecha de seguridad el sólo hecho de conocerse esta información».

El Ministerio indica que esa información «podría ser conocida por grupos terroristas y organizaciones criminales que podrían atentar contra los domicilios señalados» o «poner en riesgo a las personas que habitan en ellos, suponiendo un riesgo para la seguridad pública».

Polémica

La seguridad en torno a la vivienda de los Iglesias-Montero ha sido motivo de polémica por el insólito despliegue de agentes y por el refuerzo que Interior ordenó con motivo de las protestas vecinales por la gestión de la pandemia de coronavirus.

Hace unas semanas, la Guardia Civil fue reemplazada además por la Policía, por orden directa del propio Iglesias, irritado después de que un vecino lograse grabar imágenes del interior de la casa en la noche de la hecatombe electoral en Galicia y el País Vasco. El ministro de Derechos Sociales se querelló contra él por seis delitos, que implicaban penas de hasta 14 años de cárcel. El pasado viernes, un juez archivó la querella. 

El Gobierno se ampara con frecuencia en la Ley de Secretos Oficiales para blindar información sensible a sus intereses, y no es la primera vez que lo hace en relación a este asunto. Incluso negándole al Congreso conocer los datos del dispositivo que blinda a Iglesias y Montero.

El Ejecutivo se ha remitido a esta ley, como informó OKDIARIO, para no responder a dos preguntas por escrito trasladadas por el Grupo Parlamentario Vox dirigidas, en concreto, a conocer el despliegue en plena crisis pandémica, cuando tuvieron lugar distintas concentraciones de protesta con caceroladas ante la vivienda de los líderes de Podemos.

Esos días, la Guarcia Civil Civil llegó a cortar el acceso de los vecinos a la vía, pública y de libre circulación, en la que se ubica el domicilio, obligándoles a desviarse por un camino de tierra. El dispositivo reforzado provocó las críticas de las asociaciones de la Benemérita, que instaron incluso al vicepresidente segundo a dimitir «ante la incoherencia de sus actos», recordando que él, así como otros miembros de su formación política, profirieron numerosas «ofensas y ataques contra los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado».

El Gobierno, en su respuesta, elude cualquier explicación en relación al asunto y se limita a destacar que, en base a la Ley de Secretos Oficiales, dicha información «debe ser objeto de un acceso restringido y limitado a personal autorizado por afectar a la seguridad y defensa del Estado, lo que determina su clasificación como «Secreto» o «Reservado» en nomenclatura de la indicada ley, clasificación que compete al Consejo de Ministros».

Así, el Ejecutivo argumenta que se trataría de información «reservada» aquella «relativa a las plantillas de personal y medios y de equipo de las Unidades». «Por tal motivo, la difusión de la información solicitada revelaría datos sobre capacidades y dimensionamiento de las plantillas destinadas a los cometidos de protección de miembros del Gobierno de España, poniendo en riesgo la seguridad del protegido y de los propios agentes, perjudicando, con ello, los intereses de la seguridad pública».