El Gobierno admite los malos datos de paro juvenil y brecha de género en su nuevo plan de empleo

El Gobierno contradice su habitual discurso triunfalista en materia económica en su último Plan Anual para el Fomento del Empleo Digno 2023, aprobado recientemente en el Consejo de Ministros.

El documento, consultado por OKDIARIO, reconoce la preocupación por indicadores como la brecha de género, pese a la habitual insistencia del Ejecutivo en sus propuestas «feministas». Así, el Ministerio de Trabajo reconoce que «la brecha de género tuvo su mínimo en 2011, donde apenas era de 0,6 puntos porcentuales» y destaca que «a partir de ese año se ha ido ensanchando progresivamente hasta su máximo en 2020, el año de la pandemia, con 4,16 puntos porcentuales». «En los dos años siguientes, aunque ha disminuido levemente, se mantiene en valores muy elevados, 11,32 % en hombres frente a 14,61 % en mujeres, (3,29 puntos porcentuales)», explica, admitiendo así indirectamente el fracaso de sus medidas económicas. Con este panorama, el ministerio de Yolanda Díaz advierte que la brecha de género «se sigue manteniendo como uno de los principales retos de nuestro mercado de trabajo».

Paro juvenil

Algo similar ocurre con el desempleo juvenil. España es el segundo país de la OCDE con la tasa de paro más elevada entre los jóvenes, sólo por detrás de Grecia e incluso por encima de otros países como Costa Rica.

El Gobierno sobre estos datos de paro explica que «los grupos de mayor edad han aguantado mejor los embates de las dos últimas crisis que los grupos de menor edad, sobre todo los menores de 25 años, los más castigados por las mismas». Pero, a continuación, admite: «Este grupo obtuvo una tasa de paro que en 2022 se situó en un 29,3 % y si bien el año anterior consiguió un fuerte descenso, más de nueve puntos en relación con 2020 (del 40,1 % al 30,7 %), la tendencia en 2022 se ha ralentizado bastante. Estos valores, no obstante, siguen situándose muy por encima de la media comunitaria».

En las líneas, destaca una mención especial para el grupo de jóvenes de entre 16 y 29 años que no estudian ni trabajan, los conocidos como ninis: «Tras un máximo de 1.097.000 personas en 2020, año de la pandemia, su número se redujo significativamente a 912.400 en 2021, pero en 2022 ha vuelto a aumentar a 931.000 personas». 

LGTBI

El plan constituye una referencia compartida a partir de la cual los servicios públicos de empleo deben diseñar y gestionar sus propias políticas.

En las medidas se presta especial atención a los llamados «colectivos de atención prioritaria» recogidos en la Ley de Empleo -aprobada el pasado febrero-, entre los que figura como novedad el colectivo LGTBI. Como publicó este periódico, la polémica es cómo se acreditará esa condición y, especialmente, cómo puede comprobarlo la Administración, teniendo en cuenta que se trata de una información que pertenece a la esfera íntima del interesado. Desde el Ministerio de Trabajo se asegura a OKDIARIO que el interesado podrá acreditarlo mediante una «declaración responsable» pero admite también que no ha previsto los mecanismos para evitar el fraude. 

La Ley de Empleo establece varios colectivos de «atención prioritaria» en los servicios públicos de empleo estatal. Además de las personas LGTBI «en especial trans», forman parte de este grupo «las personas mayores de 45 años, las personas migrantes, las personas beneficiarias de protección internacional y solicitantes de protección internacional en los términos establecidos en la normativa específica aplicable, las mujeres con baja cualificación, las mujeres víctimas de violencia de género, las personas en situación de exclusión social, las personas gitanas, o pertenecientes a otros grupos étnicos o religiosos, así como las personas trabajadoras provenientes de sectores en reestructuración, las personas afectadas por drogodependencias o las víctimas del terrorismo».

Como reveló OKDIARIO, Trabajo olvidó incluir a las víctimas del terrorismo en el texto de la ley, y tuvo que resolverlo a través de una enmienda en la que alegaba que la omisión se trató de un «error material».