La Generalitat ofrece «cursos de verano» de español a los presos mientras lo fulmina en las escuelas

La Generalitat de Cataluña ha puesto en marcha un programa pionero de «escuelas de verano» en las cárceles, con el que prevé que un millar de presos accederá a un refuerzo formativo a lo largo de estos meses. Según explica el Gobierno catalán, «se agrupará al alumnado en dos niveles», uno más básico -dirigido sobre todo a colectivos vulnerables o no alfabetizados- y otro orientado a la formación en Secundaria. Además, podrán seguir su formación en catalán o español. Los alumnos reciben una formación individualizada en cada lengua.

El alumnado forma parte de los 3.144 internos que durante este curso ya han estado matriculados en algún proyecto formativo de la cárcel, de los cuales, según los datos de la Generalitat, «un 20% está matriculado en catalán y un 16% en castellano». Hasta 48 profesionales se encargarán ahora de la formación en las cárceles, para lo que la Generalitat ha destinado 250.000 euros.

Colegios

Todo ello, mientras los independentistas tratan de suprimir el aprendizaje en español en los colegios catalanes. Recientemente, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ratificó la obligación de la Generalitat de impartir al menos el 25% de materias en castellano, como ha ordenado el Tribunal Supremo. El Govern ha maniobrado para no aplicar la sentencia del Alto Tribunal sobre la enseñanza del español, e incluso los padres que lo reclaman se han encontrado con los ataques del independentismo, como sucedió con el acoso a una pequeña de Canet de Mar (Barcelona). Hace unos meses, la Generalitat aprobó un decreto y una ley -con el apoyo del PSC- para que ningún colegio impartiera un 25% de clases en castellano. La norma establece que el catalán es la lengua «normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje» y relega al castellano a lo que decida cada centro, marginando así a la lengua común de todos los españoles a un carácter «curricular» y no central, sin imponer porcentajes, como obliga la Justicia.

Decreto

La Generalitat prepara ahora su nuevo Decreto del Régimen Lingüístico del Sistema Educativo, que tiene previsto aprobar el año que viene, y que refuerza aún más la consideración «vehicular» del catalán en la enseñanza. Entre otras medidas, se obliga a que los profesores acrediten el nivel más alto de conocimiento de catalán a partir del curso 2025-26 y se extiende la obligación de hablar en catalán al personal «no docente», como pueden ser conserjes, limpiadores o cocineros.

Además, como ha venido publicando OKDIARIO, se impulsarán los programas de «uso intensivo» del catalán fuera del aula, en espacios como el patio de recreo o el comedor escolar «para que el alumnado que no tenga acceso en su entorno tenga la oportunidad de aprenderlo en igualdad de condiciones».

El decreto supone la marginación definitiva del español en el sistema educativo catalán, que se consolida como «lengua de uso normal de las administraciones públicas y normalmente empleada como vehicular en la enseñanza» y también como «lengua de acogida» del alumnado procedente de otras regiones y del extranjero, además de lengua elegida para «las comunicaciones internas del centro y en las de proyección externa». Mientras, el español será la lengua empleada en «las clases de Lengua Castellana en Educación Primaria y de Lengua Castellana y Literatura en Secundaria y Bachillerato».

El decreto afecta también a las comunicaciones con las familias de los alumnos, que siempre serán en catalán o en aranés. Además, se indica expresamente que «en las reuniones conjuntas con las familias del centro se utiliza el catalán» y «en todo caso, se harán precisiones lingüísticas y terminológicas necesarias para garantizar la óptima comunicación y comprensión de la información».

Si el padre o la madre del alumno «manifiestan desconocimiento de las lenguas oficiales, los centros podrán adaptar circunstancialmente las comunicaciones a las lenguas familiares», pero «el texto debe acompañarse de la versión en catalán, que es la que prevalece a todos los efectos». Según el presupuesto, se ofrecerá un «servicio de traducción» al catalán para evitar hablar en español.