García Ortiz se defiende ante el Supremo y culpa al núcleo de Ayuso de la filtración

El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha presentado este jueves su escrito de defensa de cara al juicio que se celebrará en su contra por una presunta revelación de secretos relacionada con Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. A través de su defensa, ejercida por la Abogacía del Estado, García Ortiz ha querido defender su inocencia, argumentando que la información ya había sido difundida «desde el núcleo de Díaz Ayuso», y que el contenido clave al que se refiere la acusación ya estaba accesible a unas «600 personas».

La causa se centra en la publicación de un correo electrónico enviado por la defensa de González Amador a la Fiscalía el 2 de febrero de 2024, en el que se ofrecía a «reconocer delitos fiscales» a cambio de un pacto de conformidad. La acusación sostiene que, la noche del 13 de marzo de 2024, García Ortiz filtró este correo.

Sin embargo, la defensa rechaza esta versión, asegurando que «no existe una conexión lógica entre la publicación del correo y las acciones del fiscal general». Según el escrito, García Ortiz actuó únicamente para «verificar la información» y «proteger la reputación de la Fiscalía», en respuesta a una «campaña de desinformación» que afectaba a la institución y a sus miembros.

En este contexto, el jefe de gabinete de Díaz Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, habría «enviado mensajes» a varios periodistas el 13 de marzo con «información tergiversada», asegurando que la propuesta de conformidad partió del Ministerio Fiscal y que se prohibió alcanzar un acuerdo. Posteriormente, Rodríguez puso en contacto a González Amador con un periodista que publicó la información.

La defensa entiende que esa estrategia comunicativa fue lo que «desencadenó dos procesos independientes», pero que se desarrollaron «de forma paralela en el tiempo», concluyendo con la publicación de una información que González Amador denunció como revelación de secretos.

Conclusión de la defensa

La defensa de García Ortiz asegura que no hubo perjuicio alguno para González Amador, ya que la negociación de conformidad seguía abierta después de la difusión de los correos. Asimismo, sostiene que las acciones de la Fiscalía se limitaron a «verificar la información» y «proteger la institución».

García Ortiz mantiene que actuó «dentro de sus competencias», sin intención de «perjudicar a nadie», y que la acusación de revelación de secretos se basa en una «interpretación errónea de los hechos», influida por la «estrategia mediática y política de la Comunidad de Madrid». La defensa solicita que se reconozca su inocencia y que se tenga en cuenta el contexto en el que se produjo la difusión de la información.

Tribunal conformado

El máximo órgano judicial español ha revelado la composición del tribunal encargado de enjuiciar a Álvaro García Ortiz. El panel judicial constará de siete magistrados. La responsabilidad de elaborar la propuesta de veredicto recaerá en la magistrada de orientación ligeramente izquierdista Susana Polo.

Según documentación oficial divulgada este jueves, el tribunal se constituirá siguiendo el protocolo establecido para la distribución de casos en la Sala Penal. Estará integrado por los mismos magistrados que conformaron el órgano de admisión que decidió iniciar la investigación: Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Berdugo, Carmen Lamela y Polo. A estos se suman Andrés Martínez Arrieta, flamante titular de la presidencia de la Sala Penal, y Ana Ferrer.

Cabe destacar que Martínez Arrieta y Ferrer protagonizaron una pugna reciente por dirigir la Sala Penal, cargo anteriormente ocupado por Marchena. El primero contó con el respaldo del ala conservadora del Consejo General del Poder Judicial, mientras que la segunda fue impulsada por los miembros progresistas de dicho organismo.

Polo, perteneciente a la asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia, será quien redacte la propuesta de resolución final, función que le corresponde por haber sido la relatora del auto que dio inicio al proceso contra el máximo responsable del Ministerio Público. Si la mayoría del tribunal no comparte su criterio en la sesión de deliberación tendrá que retocar el fallo hasta que haya mayoría. No se descarta que haya votos particulares discrepantes.

Fuentes del ámbito jurídico indican que el proceso judicial tendrá lugar durante noviembre, con una duración estimada de siete días aproximadamente.