Los fiscales denuncian que Calvo aprobó la ley de memoria sin analizar si vulnera derechos básicos

Los miembros del Consejo Fiscal que votaron desfavorablemente el nuevo anteproyecto de ley de memoria histórica denuncian que el Gobierno aprobó el texto en Consejo de Ministros sin analizar si la norma vulnera derechos básicos. Así se desprende del informe del Consejo Fiscal al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Este órgano dio su aprobación por la mínima a este proyecto de ley del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Ante un Consejo Fiscal dividido exactamente en dos mitades tuvo que ser la ex ministra de Justicia y ahora fiscal general del Estado, Dolores Delgado, la que permitiera la tramitación de la ley con su voto de calidad.

En todo caso, la mitad del Consejo Fiscal que se oponía al texto que promueve la vicepresidenta Carmen Calvo incluyó sus reproches en el informe final que firma personalmente Dolores Delgado.

En el primer párrafo del informe de 20 páginas del voto discrepante ya hay críticas. «La Memoria de Análisis de Impacto Normativo que acompaña a la Ley de Memoria democrática es posterior a la aprobación del Anteproyecto en Consejo de Ministros (esta se produjo el 18 de septiembre de 2020, y la memoria se presentó el 10 de noviembre de 2020)», afean. Las prisas del Gobierno de PSOE y Podemos provocaron que dos meses después de aprobar el anteproyecto se tuvo que dar visto bueno a uno de los informes perceptivos, la memoria de impacto normativo que analiza cómo afecta esta nueva ley al resto de normativa en vigor tales como la Constitución que consagra los derechos básicos de los españoles.

Por otra parte, estos fiscales en sus conclusiones denuncian que estamos ante «una redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria». Por ello, «el anteproyecto debe ser rechazado en cuanto da falsas expectativas a las asociaciones y familiares de víctimas y facilita la instrumentalización del Ministerio Fiscal».

Además, tachan de «absolutamente innecesaria, en este contexto, la creación de una Fiscalía de Sala» especializada en memoria histórica como quiere Carmen Calvo.

«Una redacción confusa, calculadamente ambigua y contradictoria. Debe ser rechazado en cuanto da falsas expectativas y facilita la instrumentalización de la Fiscalía»

Por otro lado, estos fiscales consideran que, en todo caso, «la sociedad y, en especial, las víctimas de la guerra y la dictadura tienen derecho a conocer la verdad histórica». Sin embargo, no comparten que la ley que propone el Gobierno sea la vía correcta. «Los denominados juicios de la verdad, sin embargo, no forman parte del proceso penal. Corresponde al Estado, a través de organismos y procedimientos de todas las disciplinas y profesiones -especialmente historiadores-, ajenos a la investigación penal, la búsqueda de la verdad. Las normas que rigen en el derecho penal impiden la investigación judicial», aclaran.

Otra de las consideraciones más duras es la siguiente: «Resulta, sencillamente, insostenible desde el punto de vista jurídico la prescripción [de los delitos que propone esta ley] por cuanto supone la construcción ad hoc de un conjunto normativo para la exigencia de responsabilidades penales específicamente diseñado para hacer factible lo imposible».

«Se pretende mirar a los tipos comunes contra la vida, la integridad física y moral y la libertad para después aplicarles la doctrina de la prescripción propia de los delitos permanentes, lo que supone que el plazo de prescripción no comienza a correr hasta que cese la situación de detención  o desaparición bien porque se hallaron los restos mortales de la persona detenida o desaparecida y fueron convenientemente identificados o bien porque la persona detenida o desaparecida sea hallada con vida», critican.

También apuntan que «resulta significativo que la Recomendación de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa [en la que se apoya el Gobierno para la nueva ley] no contenga expresión alguna sobre la conveniencia de proceder a las reformas legislativas necesarias para las investigaciones penales». Subrayan que «al contrario, pondera la transición realizada en España en atención al contexto en que se produjo, señalando como la Ley de Amnistía propició el tránsito pacífico basado en el olvido como condición inescindible y remarcando como tres años después de la muerte de Franco España se había convertido en una monarquía parlamentaria plenamente democrática».

Informe del CGPJ

Por su parte, el Consejo General del Poder Judicial, el órgano de gobierno interno de los jueces, también mostró en mayo sus recelos sobre esta ley. Los ponentes del informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley de memoria histórica alertaron de que el texto vulnera la libertad de expresión. Detallaron que la apología franquista de las fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

Este otro informe, elaborado por dos vocales del CGPJ, indica que «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas, que aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión».