Varapalo del CGPJ al Gobierno: la libertad de expresión ampara la apología del franquismo

Están siendo malos días para la prueba de legalidad de los proyectos del Gobierno. Después del rotundo informe del Tribunal Supremo en contra de los indultos a los golpistas del 1-O, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado a conocer este lunes su informe sobre el anteproyecto de la autodenominada Ley de Memoria Democrática. Y su conclusión es clara también: no se puede cerrar una fundación por hacer apología del franquismo, ya que, aunque se trate de ideas contrarias a los valores constitucionales, están amparadas por la libertad de expresión.

Los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea han firmado un borrador que ha sido distribuido al resto de miembros del CGPJ para que presenten sus alegaciones. El pleno del órgano de gobierno de los jueces lo estudiará el próximo 7 de junio.

Estos dos vocales -que relevaron a los inicialmente designados por el CGPJ ante sus discrepancias para cerrar un acuerdo- tienen serias dudas de que, como pretende el proyecto de ley que lidera la vicepresidenta Carmen Calvo, se pueda sancionar a las administraciones que permitan actos públicos de exaltación del franquismo. Al contrario, destacan la necesidad de proteger el derecho constitucional de reunión y alertan del riesgo de tutelar de forma «asimétrica» la dignidad de las diferentes víctimas que hubo durante la guerra civil y hasta la muerte del dictador Francisco Franco.

El informe del CGPJ pone en valor la declaración del Parlamento Europeo que equiparó el nazismo con el comunismo en 2019. Así, en opinión de los dos vocales, la consideración de «actos contrarios a la memoria democrática» debería seguir aquella pauta que reclamó a los estados de la UE «una cultura común de memoria histórica que rechace los crímenes de los regímenes fascistas y estalinistas, y de otros regímenes totalitarios y autoritarios del pasado”.

El informe deja buenas noticias para la Fundación Francisco Franco, a la que el Gobierno colocó en la diana al fijar como causa para extinguir las fundaciones «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».

Pero, según el escrito de los vocales Bach y Olea, «la apología del franquismo, sin el requisito adicional del menosprecio o humillación a las víctimas, constituye la expresión de ideas que, aunque contrarias a los valores proclamados por la Constitución, están amparadas por la libertad de expresión». De ahí que ambos vocales indiquen que el Gobierno debería precisar esa disposición para no incurrir en inconstitucionalidad.

El anteproyecto fija también como causa general para cerrar fundaciones que éstas «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo», un motivo que el CGPJ aconseja suprimir por su «falta de taxatividad». Según el informe, deja «un amplísimo margen de apreciación» a quien pida la extinción de una fundación y al juez que tenga que resolver.

Los ponentes sí avalan uno de los aspectos más novedosos del proyecto de ley: la declaración de nulidad de los juicios represivos del franquismo. Creen ambos vocales que la disposición es coherente con la jurisprudencia del Tribunal Supremo al aplicar la Ley de Memoria Histórica, que ya declaró ilegítimas las sentencias dictadas durante la guerra civil y la dictadura.