El fiscal general rechaza la petición de los fiscales de crear una unidad de delitos económicos

La creación de una unidad coordinadora de delitos económicos sigue siendo una asignatura pendiente dentro de la Fiscalía General del Estado. Pese a que miembros de la Carrera Fiscal han solicitado la creación de esta unidad de coordinación, el actual fiscal general, Álvaro García Ortiz, aún no ha atendido sus peticiones. Por el contrario, sí se han creado otras unidades coordinadoras previstas en la ley, como por ejemplo la de Memoria Democrática, que cuentan con refuerzos de fiscales adjuntos, algo que dinamiza el trabajo. Fuentes oficiales señalan que es el Gobierno la institución competente para ordenar su creación. m

La Fiscalía General del Estado carece de una unidad coordinadora en materia de delitos económicos. Tan sólo existe un único fiscal de Sala que trata de coordinar las fiscalías territoriales especializadas en delincuencia socioeconómica sin ningún fiscal adjunto que le apoye. Mientras el resto de las áreas especializadas tienen fiscales de apoyo —excepto Vigilancia Penitenciaria—, esta unidad carece de ello.

Los refuerzos en cuanto a personal en esta fiscalía especializada darían como resultado un estudio más eficiente de los expedientes. Con fiscales de refuerzo se podrían practicar las diligencias que ahora mismo recaen sobre las fiscalías provinciales que se encargan de estudiar los presuntos delitos económicos cometidos por ciudadanos y empresas. Además, el coste de crear una unidad coordinadora con fiscales de apoyo no supondría un gran esfuerzo económico a las arcas públicas.

La Fiscalía de Sala de Delitos Económicos se encarga de coordinar la especialidad de delincuencia socioeconómica excepto la correspondiente a la Fiscalía Anticorrupción. También realiza reuniones periódicas con fiscales especialistas, administraciones y organismos especializados en la materia de su competencia. Además, tal y como anunció el fiscal general, esta fiscalía de Sala podrá investigar delitos de corrupción que no tengan la dimensión de los que se llevan en Anticorrupción.

Renueva en el cargo

Pese a no haber creado una unidad coordinadora de delitos económicos, Álvaro García Ortiz ha conseguido revalidar la presidencia de la Fiscalía General del Estado. El que fuera fiscal del Prestige fue nombrado presidente del Ministerio Fiscal tras la marcha de Dolores Delgado por motivos de salud. El jurista salmantino asumió el cargo en agosto de 2022 y con el cambio de Gobierno volvió a ser revalidado en el cargo.

Su renovación llegó en plena tormenta en Fiscalía tras la sentencia del Tribunal Supremo que le acusaba de «desviación de poder» al colocar a su predecesora en la presidencia de la Fiscalía General, Dolores Delgado, como fiscal de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo. Los magistrados del Alto Tribunal tumbaron este nombramiento señalando directamente a García Ortiz.

Días más tarde, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) declaró no idóneo al fiscal general, aunque no por mayoría. Los vocales del órgano de Gobierno de los jueces se apoyaban en el fallo de la sentencia de la Sala Tercera del Tribunal Supremo. Era la primera vez en la historia de la democracia que el Consejo no otorgaba su aval al fiscal designado por el Gobierno.

También las asociaciones mayoritarias en la carrera fiscal pidieron su dimisión. Este es el caso de la Asociación de Fiscales (AF), que durante su congreso celebrado en Jerez de la Frontera el pasado otoño pidió su marcha al no mostrar una opinión contundente sobre la Ley de la Amnistía y los pactos de investidura de Pedro Sánchez con Junts, que incluían ataques al Poder Judicial. Álvaro García Ortiz se negó a pronunciarse sobre ellos, manteniéndose al margen, al contrario de lo que hicieron otras instituciones jurídicas que salieron en defensa de la carrera.

Impugnado por los fiscales

Todas estas polémicas han sido pasadas por alto por parte del Gobierno de Pedro Sánchez, que ha decidido ratificarle en el cargo. Álvaro García Ortiz cumplió con el trámite parlamentario previsto para su renovación y se colocó de nuevo en el despacho del fiscal general. Sin embargo, este nombramiento ha sido impugnado por la Asociación Profesional Independiente de Fiscales (APIF), que ha presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra esta decisión del Gobierno.

Para la APIF, García Ortiz «no es idóneo para desempeñar, conforme a la Constitución, las funciones que tiene asignadas, entre ellas la jefatura de todos los fiscales de España», por sus actuaciones desde que fue elegido para el cargo en 2022. Ahora, los magistrados del Supremo tendrán que pronunciarse sobre este recurso interpuesto por la APIF. Por el momento, Álvaro García Ortiz continúa ejerciendo sus funciones como fiscal general pese a que no existe, por el momento, una unidad coordinadora de delitos económicos que agilizaría el trabajo.