La Fira de Barcelona oculta más de 20.000 euros por gastos electorales de ERC

La Fira de Barcelona, un consorcio formado por el Ayuntamiento de Barcelona, la Generalitat de Cataluña y la Cámara de Comercio de Barcelona, oculta al Tribunal de Cuentas un total de 23.172,47 euros en concepto de gastos electorales de ERC para las elecciones generales de diciembre de 2015. En concreto, el partido republicano celebró su acto central de campaña, el 12 de enero, en uno de los pabellones de este recinto.

Así se refleja en el informe de fiscalización de las contabilidades correspondientes a las elecciones de 2015, en el que se detallan los proveedores que no han informado a este órgano de las cuantías por servicios prestados a los partidos políticos con fines electorales. Se trata de una obligación de las empresas, a fin de que el Tribunal de Cuentas pueda contrastar la información que declaran por su parte las distintas formaciones.

La inmensa mayoría de los proveedores identificados por el Tribunal por incumplir ese trámite son empresas privadas. Lo llamativo de este caso es que se trate de un órgano en cuya titularidad intervienen administraciones públicas, como el Consistorio de Colau y el Govern de Puigdemont. ERC cuenta con grupo propio en el Ayuntamiento y forma parte del gobierno catalán a través de la coalición Junts pel Sí.

De acuerdo a la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, ocultar esa información supone un incumplimiento de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General, en cuyo artículo 133.5 se establece que «deben informar al Tribunal de Cuentas las empresas que hubieren facturado con aquellos partidos y asociaciones mencionados en el párrafo primero, por gastos electorales superiores a 10.000 euros”. En este caso, esa cantidad se duplica.

La citada ley establece además sanciones de hasta 1.000 euros para aquellos que incumplan alguna de esas obligaciones. Las sanciones a proveedores corresponden a la Junta Electoral.

En el mencionado informe, el Tribunal de Cuentas identifica a 45 empresas que no han cumplido con la obligación de informarle por su facturación a los partidos. El importe total de esas facturas asciende a 3.699.460,24 euros. El órgano fiscalizador detalla en cada caso el nombre de los proveedores o acreedores que no han presentado la información, con independencia, avisa, «de otras actuaciones que pudieran llevarse a cabo de conformidad con la legislación vigente», pero que no especifica.

En el caso del PP, por ejemplo, el organismo identifica hasta 31 proveedores que no informaron de su facturación, todos ellos, empresas privadas. Podemos cuenta con un proveedor que tampoco pasó ese trámite, CM Norte Comercial Multimedia. En el caso del PSOE, la misma irregularidad se detecta en su socio canario, Nueva Canarias, y en el PSC. Por su parte, cinco empresas contratadas por la antigua Convergència tampoco informaron al Tribunal de Cuentas.