Feijóo exige a Sánchez más pena para los corruptos como le pide Bruselas antes de la presidencia de la UE

El Partido Popular ha vuelto a tender la mano al Gobierno de España para acometer una «reforma exprés» del Código Penal para recuperar, como mínimo, las penas por malversación estipuladas antes de que Pedro Sánchez, atendiendo a las peticiones de los independentistas, decidiera reducir las condenas.

El PP considera que España no puede comenzar su turno de rotación de la presidencia del Consejo de la Unión Europea en estas condiciones. «Hay que penar con total contundencia al que meta la mano en la caja», ha denunciado este martes el presidente del partido, Alberto Núñez Feijóo, en un acto convocado por el PP para celebrar el Día de Europa.

«Nos mintieron. Dijeron que rebajaban las penas para homologarnos con el resto de Europa. Y ahora es Bruselas las que no llama la atención», ha aseverado.

Feijóo ha destacado que España ha recibido 750.000 millones de Fondos Europeos. Y por ello, ha considerado, es preciso «mandar un mensaje a toda la Unión Europea y prometer que, en España, los políticos que se corrompan cumplirán, de nuevo, la misma pena que el resto de países, y no menos».

Para revertir esta situación, el PP ha propuesto aprobar «de manera inmediata» una reforma del Código Penal que deje sin efecto a la anterior y que «derogue» la que Sánchez acordó «por intereses políticos» con los independentistas catalanes.

Ante la duda de si Sánchez recogerá el guante que le ha lanzado el PP en materia de malversación, los populares insisten en que si la reforma no se hace ahora «con el apoyo de todos», lo harán ellos cuando lleguen a la Moncloa. «Es probable que no acepte la propuesta. Ya lo ha hecho anteriormente como muchos temas. Los españoles deben estar seguros que, si no es ahora, la corrupción se volverá a castigar de forma contundente cuando el PP esté al frente del Gobierno», han asegurado fuentes populares.

Orden de Bruselas

Bruselas pide que las infracciones referidas a malversación, tráfico de influencias y cohecho sean castigadas con penas de cárcel de una duración máxima de, al menos cinco años; un suelo para la pena máxima de cada delito que en el caso de España supondría endurecer los dos tipos atenuados creados con la última reforma penal.

Dicha reforma, que entró en vigor el pasado 12 de enero, mantuvo el tipo tradicional de malversación en el artículo 432 con las mismas penas (de 2 a 12 de cárcel y 6 a 20 de inhabilitación), pero precisando que debe haber «ánimo de lucro» cuando la autoridad o funcionario público «se apropiare o consintiere que un tercero, con igual ánimo, se apropie del patrimonio público que tenga a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas».

Además, la reforma de Sánchez creó dos tipos atenuados de malversación. Uno para cuando «la autoridad o funcionario público que, sin ánimo de apropiárselo, destinare a usos privados el patrimonio público puesto a su cargo por razón de sus funciones o con ocasión de las mismas», con penas de 6 meses a 3 años de prisión e inhabilitación de 1 a 4 años.

Y un segundo tipo para «la autoridad o funcionario público que, sin estar comprendido en los artículos anteriores, diere al patrimonio público que administrare una aplicación pública diferente de aquélla a la que estuviere destinado», sancionado con entre de 1 a 4 años de cárcel y 2 a 6 de inhabilitación. Algo que choca con los criterios exigidos por la UE.

Conforme a la propuesta lanzada este miércoles por Bruselas, el artículo 432, al tener una pena máxima de 12 años, quedaría indemne, pero los dos nuevos tipos aprobados por Sánchez no cumplirían, por contemplar máximas de 3 y 4 años, por debajo de ese umbral de 5 señalado por el Ejecutivo comunitario.