ERC exige a Sánchez las competencias para imponer el catalán en las oposiciones a funcionario municipal

• Rafael Molina @RafaelMolinaTW
• Redactor de Nacional en OkDiario con formación en Periodismo y Derecho. Te leo en rafael.molina@okdiario.com
• • 15/07/2025 05:45
  • Actualizado: 15/07/2025 05:45

ERC, socio del Gobierno de Pedro Sánchez, ha exigido al Ejecutivo las competencias para imponer el catalán en las oposiciones a funcionario municipal. Así lo ha exigido a través de una iniciativa parlamentaria en la cámara autonómica en la que pide al presidente del Govern de la Generalitat, Salvador Illa, que lo acuerde con el Ejecutivo «de forma inmediata».

El partido encabezado por el ex vicepresidente catalán Oriol Junqueras ha presentado una propuesta de resolución en la cámara autonómica sobre «la garantía de los derechos lingüísticos en la convocatoria de funcionarios municipales de habilitación estatal».

Los republicanos pretenden sacar tajada del contexto político en el que se encuentra el Gobierno de Sánchez, debilitado por los casos de presunta corrupción que afectan a su entorno. Entre otros, a tres hombres de confianza del líder socialista: su ex mano derecha, Santos Cerdán, su predecesor, José Luis Ábalos, y el ayudante de éste, Koldo García.

Los secesionistas cargan contra el Ejecutivo por su gestión de las oposiciones a secretarios, interventores y tesoreros municipales. En la exposición de motivos de la resolución, ERC asegura que se ofertan pocas plazas para cubrir los puestos vacantes: «El 40% de los Ayuntamientos no tienen un secretario municipal con un proceso de oposiciones, muchos municipios pequeños comparten la figura del secretario, y existe una carencia generalizada de estos profesionales».

Quejas de falta de plazas

Además, lamentan que el Gobierno sólo haya abierto 200 puestos, «un déficit de plazas que se puede agravar en los próximos años por las jubilaciones previstas», aseguran desde ERC.

No es la única crítica, también le reprochan lo que ellos denominan como «un proceso de descentralización», que hasta el 2013 ejercía la Generalitat y que, desde entonces, ostenta el Gobierno central.

Todo ello a pesar de que el Ejecutivo autonómico tiene suscrito un acuerdo con el Instituto Nacional de la Administración Pública (INAP) para descentralizar ese trámite. «La incidencia de la Generalitat en el proceso es tan escasa que la web redirige a la página del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública para realizar la inscripción», asegura ERC. Además, se quejan de que, a pesar de que «los exámenes tienen lugar en Cataluña, el contenido» será el que «decida el ministerio».

Sin embargo, lo que consideran «más preocupante» es el convenio que afecta a los opositores que se examinen en Cataluña: «Sólo podrán realizar su examen en castellano». A ojos de la formación de Junqueras, esto «representa una discriminación y una vulneración de los derechos lingüísticos», a pesar de que el español es una lengua cooficial.

Contra un examen «en castellano»

Los secesionistas aseguran que es «una anomalía totalmente contraria al espíritu y el texto recogido en el Pacto Nacional por la Lengua», un documento que Illa y los independentistas suscribieron hace unas semanas para arrinconar el español en la administración y la empresa en favor del catalán. «Una garantía que difícilmente se producirá si las convocatorias de funcionarios locales de habilitación estatal supuestamente gestionadas por la Generalitat siguen al pie de la letra el contenido dictado por el ministerio y se realizan exclusivamente en castellano», afea ERC.

Por todo ello, el partido secesionista exige al Gobierno de Illa que lleve este tema ante el Ejecutivo central de Sánchez para «garantizar que la convocatoria de las 218 plazas de secretarios, interventores y tesoreros municipales se realizará en catalán».

Además, quieren «hacer efectivo de forma inmediata el traspaso y, por tanto, la recuperación de la gestión integral por parte del Gobierno de la Generalitat de Cataluña de las convocatorias de funcionarios de administración local con habilitación estatal».