Dos juezas catalanas impidieron que la Policía registrara la ANC y Òmnium cuando el asedio en Economía

Un día después del asedio ante la sede del departamento de la Vicepresidencia y Economía de la Generalitat, la juez titular del juzgado 33 de Barcelona, Elisabet Castelló, negó a la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía la entrada y registro a las sedes de la ANC y Òmnium Cultural, que tenían bajo vigilancia desde el día 19, ante las sospechas que se podían estar preparando acciones violentas.

Así se puede comprobar en un auto firmado por esta titular, al que ha tenido acceso OKDIARIO, en el cual asegura no ver indicios «de ningún acto concreto de organización o preparación del expresado referéndum ni de ningún acto de ningún particular en connivencia con autoridades o funcionarios no viéndose ninguna conexión entre ellos». Así, Castelló justificaba su negativa a la petición del jefe de la Brigada de Información y del ministerio fiscal, que desde dos días antes tenían conocimiento que se estaban perpetrando presuntos hechos delictivos, como la organización del asedio del 20 de setiembre que mantiene en prisión a los expresidentes de las dos entidades, Jordi Sánchez y Jordi Cuixart.

Durante ese dispositivo de seguimiento previo a la petición de entrada y registro, la Brigada de Información incautó dos ordenadores y material publicitario del referéndum a un miembro del secretariado de la ANC. La autoridad policial pidió permiso entonces a la titular del juzgado número 18 de la capital catalana, Carmen García Martinez, para desprecintar y clonar los ordenadores incautados. La juez no sólo no accedió a la petición, si no que además expresó su apoyo a la interlocutora de la juez Castelló, negando la entrada y registro a dichas sedes.

Como en el caso de Castelló, a pocos días del encarcelamiento de Sánchez y Cuixart como principales impulsores del referéndum y el asedio del 20 de setiembre, la juez García consideraba que no había pruebas para comprobar el contenido de los ordenadores incautados y si estos tenían información referente a la celebración del 1-O.

Finalmente las fuerzas de seguridad pudieron acceder a las dos sedes esta semana, cien días después del encarcelamiento de sus líderes, para buscar supuestas pruebas en los despachos y ordenadores de los dos ex presidentes, que podrían haber sido ya eliminadas por sus empleados. En esta ocasión fue el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, quien facilitó la entrada.

Se da la circunstancia de que la juez Castelló es la misma que instruyó diligencias por la filtración de los datos de más de 5.500 agentes de los Mossos d’Esquadra, aceptó a trámite la querella de Artur Mas contra un periódico español por publicar sus supuestas cuentas en Suiza e imputó al gerente del PSC en el caso de las escuchas sobre los Pujol, a través de la empresa Método3.