La directora de Salud Pública de Baleares permitió a sus hijas montar una fiesta para más de 40 personas

El Gobierno de Francina Armengol, presidenta de Baleares, se encuentra de nuevo en el ojo del huracán tras revelarse que las hijas de la directora general de Salud Pública de esta comunidad, María Antonia Font, organizaron una macrofiesta para casi medio centenar de personas el pasado 18 de julio, en plena desescalada, con permiso de su madre, que incluso las ayudó a prepararla.

De inmediato se ha desatado la polémica sobre la legalidad de convocar un evento de este tipo durante la pandemia de coronavirus, apenas unas semanas antes de que estallase la segunda ola de contagios.

Las hijas de Font -una de ellas enfermera de profesión- convocaron la fiesta por Whatsapp, según han informado algunos medios locales, en una finca de los suegros de la directora general situada en el municipio mallorquín de Campos, en la zona costera de Ses Covetes.

Según ha explicado la propia Font, los asistentes habrían sido finalmente unas 40, aunque en el grupo de Whatsapp figuran 47 contactos como destinatarios de la convocatoria. La fiesta duró varias horas.

En declaraciones a ABC, la directora general de Salud Pública de Baleares afirma que estuvo en todo momento al tanto de la celebración de la fiesta  e incluso asegura que no consideró «negativo hacer esa fiesta porque en aquel momento salíamos de un confinamiento y había una incidencia bajísima de casos de Covid-19».

En estos momentos, sin embargo, Baleares ocupa el primer puesto del ranking de incidencia de coronavirus en España, con más de 280 casos por 100.000 habitantes.

Font afirma que en todo momento se cumplió la normativa vigente en ese momento, que establecía un límite de 70 personas para festejos al aire libre. Sus hijas, no obstante, no parece que tuvieran tan claro la legalidad de lo que tenían entre manos porque en uno de los mensajes difundidos en la convocatoria explican que, además de haber hablado con su madre -una de las principales responsables del control de la pandemia en Baleares- «en caso de que viniera la Policía, si nosotros demostramos que no lo hemos difundido por las redes sociales, que somos un grupo de amigos que nos hemos juntado, no nos puede pasar nada».

Para curarse en salud, las hijas de Font reiteran en sus mensajes la normativa vigente en ese momento en las islas, la necesidad de usar mascarilla y otras medidas de protección frente al coronavirus.

Las normas aplicables en ese momento establecían que «la participación en reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, de carácter privado, en espacios privados, en los que se produzcan aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención» se consideraban faltas graves, sancionadas con hasta 60.000 euros.

El correspondiente decreto ley publicado el 10 de julio añade que también se considera falta grave «la organización, la comercialización o la publicidad de reuniones, fiestas o cualquier otro tipo de acto esporádico o eventual, sea de carácter privado o abierto al público, en espacios públicos o privados, en los que puedan producirse aglomeraciones que impidan o dificulten la adopción de las medidas sanitarias de prevención, siempre que estas aglomeraciones no se hayan consumado».

Pero en este caso sí se habría consumado la fiesta en cuestión, lo que implicaría una falta de carácter «muy grave», en cuyo caso la multa puede ascender hasta los 600.000 euros.

La directora general de Salud Pública balear asegura sobre esta cuestión que en ningún momento se produjeron aglomeraciones porque la finca de sus suegros donde se celebró la fiesta tiene una gran extensión, «un lugar muy amplio», dice textualmente, y que se respetaron escrupulosamente todas las medidas de seguridad. Incluso afirma que no se compartieron alimentos. Ella insiste en que se cumplió la normativa establecida en una resolución de la Consejería de Salud en la que ella se encuadra publicada el 13 de julio, apenas cinco días antes de celebrarse la fiesta.

Este nuevo escándalo se produce cuando aún colea el protagonizado por la propia presidenta del Gobierno balear cuando fue pillada in fraganti el pasado 7 de octubre en el interior de un bar de Palma prácticamente en el límite del toque de queda establecido por ella misma. Francina Armengol, cuya dimisión se reclamó insistentemente, se limitó a ofrecer «disculpas» y, directamente, trató de pasar página a lo sucedido.