El Defensor del Pueblo investigará el abandono de la Consejería de Oltra a la menor de la que abusó su ex

El Defensor del Pueblo acaba de admitir a trámite la investigación solicitada por el PP del abandono sufrido por la Consejería de Mónica Oltra en el momento en el que su entonces marido -ahora ex marido- abusó de una menor tutelada en un centro bajo control de la ahora vicepresidenta de la Generalitat Valenciana. El Defensor del Pueblo admite, así, la solicitud de los populares de iniciar las actuaciones para analizar lo ocurrido durante el tiempo en el que Mónica Oltra era la máxima responsable de los centros tutelados de menores y en uno de ellos, su entonces marido llevó a cabo abusos a una entonces menor hasta el punto de ser condenado a cinco años.

El PP, con firma de Cuca Gamarra, solicitó al Defensor del Pueblo que investigara la responsabilidad de Mónica Oltra precisamente por haberse restado credibilidad a la denuncia de la menor, tal y como ha recogido la sentencia contra su ahora ex marido. “En diciembre de 2019, la Sección segunda de la Audiencia Provincial de Valencia condenó al educador, D. Luis Eduardo Ramírez Icardi, a cinco años de prisión por abusar sexualmente de forma continuada (entre finales de 2016 y principios de 2017) de una menor de 14 años tutelada en el Centro de acogida “Niño Jesús” de Valencia (dependiente de la Generalitat Valenciana). Hay que aclarar que se trata del exmarido de Dª. Mónica Oltra, líder de Compromís y actual vicepresidenta del Gobierno de la Comunidad Valenciana”, señalaba el PP en su solicitud al Defensor del Pueblo.

“En febrero 2020, las Cortes Valencianas rechazaron la creación de una Comisión de investigación ad hoc con el objetivo de analizar lo ocurrido, detectar las deficiencias existentes, evitar que se vuelvan a producir y depurar las responsabilidades que pudieran resultar pertinentes. Esta petición no prosperó por el rechazo de la mayoría parlamentaria que sustenta el Gobierno valenciano”, añadió el PP ante el Defensor del Pueblo.

El PP explicaba en su denuncia también que “en marzo de 2020, PSOE y Unidas Podemos impidieron en la Mesa del Congreso de los Diputados la tramitación de una solicitud del Grupo Popular y de Ciudadanos de crear una Comisión que investigue el caso de los abusos a menores bajo tutela pública en Centros de acogida, tanto en las Islas Baleares como en la Comunitat Valenciana”.

Y “en marzo de 2021, tras la repetición parcial del juicio a D. Luis Eduardo Ramírez Icardi por no haber tenido en cuenta los Informes de la Conselleria y del Centro “Espill”, la Audiencia Provincial de Valencia volvió a condenar al exmarido de Mónica Oltra por abusos sexuales a una menor de 14 años tutelada por la Generalitat Valenciana a cinco años de prisión, mediante sentencia que destaca la “hostilidad y absoluta falta de empatía hacia la víctima que se trasluce en los informes aportados, y que se elaboran por quienes, paradójicamente, estaban llamados a protegerla”.

Entre otros motivos, la sentencia subrayó que “sólo las personas ajenas al ámbito de la Conselleria dotan de credibilidad el relato de la menor, en tanto que todas las testificales del personal del Centro de Menores y la Conselleria que trataron a la joven se la niegan”. En concreto, el fallo detectó “un claro sesgo de confirmación en toda la actuación de dicha Conselleria, a partir de la inicial percepción (consigna en realidad) de que la menor es una niña problemática, mentirosa e incluso violenta”.

De hecho, además de no creer a la víctima de los abusos, la Audiencia Provincial lamentó, incluso, la “hostilidad” contra la misma.
En consonancia con lo anterior, la sentencia también mostró su sorpresa por “cómo expresa la autora de la ‘información reservada’ la forma en que se judicializa el asunto”.

“Parece que se trata de disuadir a los agentes de la Policía Nacional de que pongan en conocimiento de la Fiscalía los abusos”, subrayó el fallo, que resaltó el siguiente extracto del informe: “Tras entregar los agentes a la menor en el centro, comunicaron lo relatado por la menor respecto a unos posibles abusos y el personal del centro les informa que en febrero se abrió un protocolo de actuación ante unos posibles abusos sexuales y finalmente se descartó la existencia de estos por falta de credibilidad de lo manifestado y la ausencia de pruebas. No obstante, los agentes informaron a Fiscalía…”. Ahora el Defensor del Pueblo acepta investigar todos estos puntos.