Exhumación Valle de los Caídos

Decretazo de Sánchez: arrebata a la Corona el panteón de El Pardo elegido para enterrar a Franco

Decretazo de Sánchez: arrebata a la Corona el panteón de El Pardo elegido para enterrar a Franco
Pedro Sánchez y su decretazo sobre El Pardo
  • A. de Grado y M. Jamardo

Las maniobras del Gobierno en funciones siguen su curso para intentar consumar la promesa estrella de Pedro Sánchez: la exhumación de Franco del Valle de los Caídos y su inhumación lejos de La Almudena.

Con total secretismo. Así ha aprobado el Gobierno socialista en funciones la última medida orientada a la exhumación de los restos de Franco del Valle de los Caídos: arrebatar a la Corona el panteón de El Pardo escogido por el Ejecutivo para enterrarlo. El Consejo de Ministros del pasado día 26 de abril decretó, sin que se facilitara información pública posterior, la retirada de la concesión de los derechos funerarios que hasta la fecha tenía la Corona sobre el cementerio de El Pardo. La maniobra permite a Pedro Sánchez asegurarse el control total del nicho elegido por el Ejecutivo para la reinhumación del dictador.

La artimaña ha salido a la luz este sábado. El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica el Real Decreto que recoge la modificación de la titularidad de la unidad de enterramiento denominada ‘Panteón’ -con referencia PA71 ACAPIL1 A 421429-8- situado en la cripta del cementerio municipal de El Pardo y elegida por el Gobierno para enterrar a Franco, el próximo 10 de junio.

De esta forma la tumba pasa de ser competencia del Consejo de Administración del Patrimonio Nacional que gestiona, por ley, "los bienes y derechos afectados primordialmente al uso y servicio del Rey y de los miembros de la Real Familia" a quedar incluida en el catálogo de bienes públicos de la Administración General del Estado.

El Gobierno necesitaba otorgar un título funerario a los Franco para poder enterrar al dictador en El Pardo. De ahí que haya dejado a la Corona sin titularidad sobre el panteón

El pasado 15 de marzo, el Ejecutivo decidía enterrar al dictador en el cementerio de Mingorrubio-El Pardo, el mismo lugar donde descansan los restos de su mujer, Carmen Polo. Justificaba la ubicación escogida asegurando que reúne "las condiciones idóneas de adecuación para que Franco fuese inhumado con "el debido respeto y decoro". No sin antes recordar que dicho cementerio es de titularidad estatal.

La realidad es que esta resolución obliga al Gobierno a conceder un título funerario a su familia sobre dicha tumba y para ello han tenido que desvincularlo, previamente, de su actual titular: la Corona. Algo que los socialistas no habían recogido en ninguno de los acuerdos ministeriales adoptados durante el desarrollo del expediente administrativo que ha sido objeto de cuatro recursos ante el Tribunal Supremo y todavía están pendientes de resolverse.

En dichos acuerdos, el Gobierno se autoconcedía la facultad subsidiaria de elegir el lugar donde deben descansar los restos de Franco, una vez retirados de su ubicación tradicional en el Valle de los Caídos, vetando la voluntad de la familia que se opone desde un principio y que, en el caso de que llegase a producirse la exhumación del Valle de los Caídos, ha reiterado su voluntad de que sea trasladado al nicho que posee en la madrileña Catedral de La Almudena.

Las cautelares

De esta forma, el Ejecutivo socialista sigue adelante con el procedimiento a pesar de que sus decisiones pueden quedar paralizadas, próximamente, por el Tribunal Supremo, como consecuencia del recurso presentado por la familia, sobre la que decidirá antes del 10 de junio.

Ésa es la fecha límite en la que se conocerá si el alto tribunal accede a la suspensión provisional de la exhumación de Franco, y por tanto, su reinhumación en El Pardo, tal y como le reclaman los herederos del dictador en su escrito de solicitud de medidas cautelares.

La Sala de lo Contencioso-Administrativo estudia desde hace semanas el expediente completo del Gobierno y sus correspondientes decretos, para resolver los recursos interpuestos por la familia Franco, la comunidad benedictina, la Fundación Franco y la Asociación por la Defensa del Valle de los Caídos, en el plazo más breve posible.

De hecho, la magistrada Celsa Pico, ponente de la sentencia, prepara las conclusiones resultantes de la deliberación del tribunal para evitar que, llegada la fecha propuesta por el Gobierno, pudiera producirse una situación de indefensión de los herederos e interesados en el procedimiento.

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