La declaración de Nieto eclipsa a un fugaz Torrent

Casi cuatro horas ha requerido la declaración del ex secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, para satisfacer las ansias de contradicción de las acusaciones y las defensas en el juicio del 1-O. Nieto, número dos de Interior durante la era Rajoy, ha relatado la extrema preocupación con la que se asistió al «tumulto» que se formó frente a la Consejería de Economía de la Generalitat el 20 de septiembre de 2017 y cómo se sucedieron los incidentes en todas aquellas entidades e instituciones donde las actuaciones policiales tuvieron lugar, en cumplimiento de una orden judicial.

El 20-S nada de concentraciones familiares, pacífica, inocuas, festivas y espontáneas. Según Nieto las protestas contaban con «una organización» previa, cortesía de los CDR a los que define como grupos de «estructura sólida» apoyada en organizaciones de corte social. Aunque su misión fue «inicialmente organizativa», posteriormente, en su opinión, derivó en «actitudes violentas» o propiciatorias de un evidente clima de tensión. Y lo hicieron a la llamada, casi tribal, de dos entidades independentistas: la ANC y Òmnium Cultural.

Fueron «serias las dudas y mucha la preocupación» por la seguridad de los guardias civiles y de los integrantes de la comisión judicial que participaron en los registros que trataban de dar con la financiación pública del referéndum que estaba por llegar, recordó Nieto ante el tribunal. Y si la cara A del procés en dichas escenas fue la actividad, el movimiento y la incitación, de los CDR y sus adeptos; la B lo fue la de la inacción de los Mossos que, en ausencia de antidisturbios frente a la sede económica de la Generalitat, permitieron por omisión que los concentrados tuviesen la «sensación» de que «no había límites» a sus ansias de manifestación.

Nieto relata que la violencia no autorizada que existió no fue policial. Violencia hubo. Cooperación policial de los Mossos, no. 

Nieto evoca el «destrozo absoluto» de los vehículos de la Guardia Civil que no se han podido volver a utilizar porque «el nivel de destrucción que tuvieron fue muy alto»; y, apela a la cuestión competencial para explicar por qué en aquel caldo de cultivo no quisieron activar a las unidades de orden público de la Policía Nacional y la Guardia Civil. No era «razonable», sostiene el ex secretario de Estado de Seguridad, «hubiésemos tenido un problema de competencia» porque la «lógica» y el «funcionamiento normal» en materia de cooperación policial es el que se rige por el criterio de respetar, siempre, desde el Ministerio de Interior las funciones y ámbito territorial de los Mossos.

Pero si violencia, hubo, colaboración policial, no. Nieto lo reitera en el transcurso de su declaración. Y no era una violencia en abstracto, sino evidente y material. «No era algo hipotético, era algo que se estaba concretando en un símbolo de autoridad», como lo son los vehículos de la autoridad policial. Nada que ver con el uso de la fuerza necesaria y equilibrada de las intervenciones de los agentes en los colegios electorales abiertos durante el 1-O.

El ex número dos de Zoido en Interior repliega, como ya lo hizo éste en su momento, la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado en una alegato todavía más pormenorizado de lo que lo fue el de su predecesor. Guardia Civil y Policía Nacional se entregaron, describe Nieto, al cumplimiento de su función «en un ejercicio proporcionado de la fuerza» imprescindible «para dar cumplimiento a una orden primero de Fiscalía y después del TSJC».

Y en esto, pese a todos los planes trazados, pese a las conclusiones de las reuniones de la Junta de seguridad «no hubo un objetivo común entre la Policía Nacional y la Guardia Civil con los Mossos» porque estos últimos el 1-O «estaban facilitando que se celebrase un referéndum que ya había sido declarado ilegal», asegura Nieto.

«Yo estoy convencido que si los Mossos de forma clara y evidente hubiesen manifestado su voluntad de cumplir el mandato judicial, el referéndum del 1-O no es que no se hubiese celebrado, es que se habría desconvocado», sentencia Nieto. Malos tiempos para Trapero.

Malos tiempos para Trapero y para Forcadell. Cortesía de las declaraciones testificales de Nieto y Espejo-Saavedra. 

También para Forcadell. Quien lejos de encontrar en su sucesor, el actual presidente de la Mesa del Parlament, Roger Torrent, un aliado, ha visto cómo su fugaz paso, este lunes, ante el tribunal ha servido para confirmar, entre otras cuestiones, que la Ley de Transitoriedad que se tramitó en la cámara catalana, el 7 de septiembre de 2017, «aprobar se aprobó» para facilitar el tránsito de la autonomía a la República que «nunca se hizo efectiva ni tuvo efectos jurídicos». Lo que en castellano viene a ser la estrategia independentista de negar la evidencia y argumentar que ellos son más de tirar la piedra y esconder la mano. Un sí pero no, como su propia testifical.

Torrent, que hoy ha comparecido citado como testigo en el juicio a la cúpula del ‘procés’, ha asegurado -tras la consigna preceptiva de tacharles como «extrema derecha»- en contestación a las preguntas de la acusación popular de VOX que la Ley de Transitoriedad pretendía buscar una «solución política» al «conflicto» entre Cataluña y el resto de España, articular un diálogo entre el Gobierno y la Generalitat y crear un «espacio multilateral» en el ámbito de la Unión Europea, así como dar seguridad al conjunto de los ciudadanos y de las instituciones catalanas.

Torrent ha sido un visto y no visto. Suficiente para insistir en las ansias independentistas de ERC y la hoja de ruta autonomista

Algo de lo que ni se arrepiente ni quiere enmendar. En su testifical, el presidente del Parlament ha sostenido que seguirán insistiendo en el «derecho» de los catalanes a votar para decidir «libremente sobre su futuro». Pero no cualquiera, qué va. Uno que ya ha sido previamente diseñado por quienes lideran ese proyecto de sí pero no de la independencia. Recogido en una ‘hoja de ruta’ que no ha sido mencionada hoy.

¿Reiteración delictiva? El tiempo lo dirá. Lo que está claro para Torrent es que ni ERC ni él piensan abandonar el discurso del autonomismo ni la reivindicación republicana para Cataluña. «Voté el 1-O y tengan claro que volveremos a votar» ha sido su mejor titular. Si los doce líderes soberanistas que se sientan en el banquillo en el Supremo están acusados de haber organizado un referéndum o de haberse manifestado, deberían ser miles de catalanes los acusados: «Y yo el primero», ha sentenciado. Curioso que coincida, en semejante aseveración, con una no independentista confesa que, la semana pasada, se pronunciaba en idéntico sentido. La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau.