El voto del exterior es un objetivo estratégico en unos meses determinantes para Sánchez. Como avanzó en exclusiva OKDIARIO, el Gobierno llegó incluso a modificar en secreto esta ley para impulsar una auténtica nacionalización masiva, extendiendo la concesión de la nacionalidad a todos los hijos y nietos de españoles emigrados. Esto es, con independencia de si el motivo de la salida de España fue el exilio por la Guerra Civil o la dictadura, como sí figuraba expresamente en la norma que salió aprobada de las Cortes.
Ese «retoque» implica una enorme ampliación del censo electoral exterior, pues el texto aprobado en el Congreso de los Diputados limitaba la «adquisición de la nacionalidad española» únicamente a tres supuestos: «Los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española», «los hijos e hijas nacidos en el exterior de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978» y «los hijos e hijas mayores de edad de aquellos españoles a quienes les fue reconocida su nacionalidad de origen en virtud del derecho de opción».
Sin exilio
La instrucción, como también contó este periódico, estableció además que no sería necesario acreditar el exilio, pues «se presumirá la condición de exiliado respecto a todos los españoles que salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955». Este requisito sí se exigirá, al contrario, para aquellos cuya salida de España se hubiera producido entre el 1 de enero de 1956 y el 28 de diciembre de 1978.
Pese a que el Gobierno llevaba tiempo preparándose para un aluvión de solicitudes, el interés de los peticionarios ha sorprendido a los consulados. El asunto llegó la semana pasada al Senado, donde se aprobó una moción presentada por el PSOE y pactada con ERC sobre el proceso de acceso a la nacionalidad abierto por la ley. En la propuesta, los propios socialistas instan al Gobierno «a contar con los medios adecuados y llevar a cabo las actuaciones necesarias, incluida la divulgación de los requisitos y documentación, para atender de manera rápida y eficiente las solicitudes ya presentadas y las que se presenten ante la red de oficinas del Registro Civil».
Todos los grupos criticaron que la norma no se está ejecutando como debería, que los consulados no cuentan con los medios necesarios para su aplicación y que, en definitiva, los emigrantes se están encontrando con numerosos problemas a la hora de presentar sus solicitudes y que estas se tramiten de manera eficaz. Por parte del PP, la senadora Cristina Ayala calificó de “chapuza jurídica” el proceso y cargó contra el PSOE por «modificar la ley por la puerta de atrás».
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