Los colegios de farmacéuticos, médicos y odontólogos de Madrid plantean no aplicar la ley de eutanasia

El Colegio de Farmacéuticos de Madrid (COFM), el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de la I Región (COEM), y el Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) han denunciado la «indefensión para los profesionales sanitarios» y «el riesgo para la población» que supone la ley de eutanasia del Gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, y que el pasado 18 de diciembre fue aprobada en el Congreso con 198 votos a favor (PSOE, Podemos, BNG, ERC, Junts per Catalunya, Más País, Bildu, PNV, CUP, Ciudadanos), 138 en contra (PP, Vox, UPN) y dos abstenciones (CDC y Teruel Existe).

«Queremos poner de manifiesto la grave preocupación que estos profesionales tienen ante el proyecto de ley de eutanasia», señalan en un comunicado. 

Añaden que «la eutanasia está prohibida en toda Europa con la excepción del Benelux».

«La sociedad puede ser confundida mediante una intensa presión desde los medios, pero las profesiones sanitarias no. Conocemos la gravedad de las acciones que conlleva, a nivel personal e institucional, y la “pendiente deslizante” hacia la eliminación y/o corrupción del derecho a la vida que implica. La demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto. En vez de potenciar unos Cuidados Paliativos infra-desarrollados, la única alternativa que propone esta ley a pacientes con enfermedades avanzadas es matarlos. Es particularmente grave el engaño que nace con la ley de considerar la muerte provocada por eutanasia como muerte natural, algo injustificable», reprochan en la nota. 

Los profesionales sanitarios consideran además que «esta ley es también muy inoportuna, teniendo en cuenta la situación de pandemia y el gran número de sanitarios que se han visto afectados por el coronavirus».

«Es incomprensible que, en ausencia de demanda social, la ley se tramite de forma acelerada por decreto, sin diálogo alguno con las profesiones sanitarias y contra el criterio del Comité de Bioética, máximo órgano asesor del gobierno en este tema», prosiguen.

Por ello, reclaman una Ley General de Cuidados Paliativos, «previo diálogo con las profesiones sanitarias, y la retirada del proyecto de ley de eutanasia».

«En el caso de que no se produzca dicha retirada, nos reservamos el derecho de solicitar a la Comunidad de Madrid, última responsable de la sanidad en nuestro ámbito, la no aplicación de una ley injusta que va contra la ética y la deontología», avisan. 

La ley del Gobierno socialcomunista establece dos modalidades de «derecho a morir»: la eutanasia y el suicidio asistido. Se podrá acceder en el Sistema Nacional de Salud, y no exclusivamente para enfermos «terminales o incurables». La ley también reconoce esa posibilidad para las personas que sufran «un padecimiento crónico e imposibilitante» o «una enfermedad grave e incurable causantes de un sufrimiento físico o psíquico intolerables».

Entre los requisitos bastará con demostrar un año de empadronamiento. La ley también establece que los plazos serán cortos, de forma que la eutanasia se podrá aplicar en el máximo de 32 días desde la solicitud. Además, cuando el paciente «no se encuentre en pleno uso de sus facultades», el médico podrá presentar una solicitud a través del «testamento vital o de un documento equivalente legalmente» suscrito por el enfermo con anterioridad.