Colau dio poder a la asociación ligada al asesino Lanza para cargar contra otros colectivos

El contrato firmado por el Ayuntamiento de Ada Colau y la asociación de la madre del asesino Rodrigo Lanza da poder a este colectivo -denominado Iridia- para determinar una propuesta “de protocolo colaboración entre el Servicio de Atención y Denuncia de las Situaciones de Violencia Institucional (SAIDAVI) y la Oficina para la No Discriminación», ambas del Ayuntamiento de Barcelona. El contrato, en el que medió el investigado por golpismo Jaume Asens, recoge, además de la determinación de medios públicos, “la identificación de las situaciones o casos” en los que desarrollar litigios estratégicos sobre las mismas materias.

La asociación Iridia se convirtió así en un completo ente asesor de “derechos humanos” del Ayuntamiento de Barcelona. Y, con ese fin, el equipo de gobierno de Ada Colau le pagó además una subvención pública de 30.000 euros. El contrato lo firmó en nombre del consistorio Jaume Asens, el que fuera, literalmente, abogado de Rodrigo Lanza —hijo de la responsable de la asociación— y que es en estos momentos teniente de alcalde de Barcelona.

Además, Asens fue quien ejerció de contacto con los golpistas para coordinar el referéndum ilegal del 1-O, según las investigaciones de la Guardia Civil.

En septiembre de 2016 se planteó el acuerdo global que comprometía y coordinaba al Ayuntamiento y a Iridia. Un contrato que se ejecutó poniendo como fecha para cerrar los tramites el 31/12/2016, con el fin de contar durante el presente año con los trabajos y “acciones en defensa de la igualdad de derechos y de la convivencia en la ciudad de Barcelona”. El objeto de todos los trabajos era la defensa de los “derechos humanos”.

La orden de adjudicación, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, detalla que se debe “AUTORIZAR y DISPONER el gasto por un importe de 30.000,00 euros con cargo al presupuesto indicado en este mismo documento, a favor de la Asociación Iridia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, con NIF G66610882, por el desarrollo del proyecto «Derechos civiles y libertades públicas en el espacio público».

La asociación en cuestión es la de Mariana Huidobro, la madre de Rodrigo Lanza, el mismo que había dejado tetrapléjico 10 años antes a un policía padre de cuatro hijos que acudió a clausurar una fiesta a las 3.30 de la mañana por el jaleo que montaban, entre otros, Lanza. Y el mismo Lanza que acaba de matar a una persona por el hecho de llevar unos tirantes con la bandera de España. Pero Ada Colau y su alto cargo Jaume Asens —que también fue abogado del mentor del imán de Ripoll— decidieron que, con esos antecedentes, la asociación era perfecta para asesorar en materia de derechos civiles y libertades en el espacio público.

Por todo ello, el consistorio firmó “APROBAR el convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Asociación Iridia Centro para la Defensa de los Derechos Humanos que instrumenta el otorgamiento de una subvención mediante concesión directa y con carácter excepcional, de conformidad con los artículos 22.2.c) y 28.1 de la Ley 38/2003, de 17 de noviembre, General de Subvenciones y 6.2 y 6.3 de la normativa general reguladora de las subvenciones del Ayuntamiento de Barcelona, por un importe de 30.000,00 euros”.

La concesión, como se puede comprobar, no tuvo requisitos de publicidad ni concurrencia: se trató de una concesión directa, a dedo. Es más, una de las cláusulas recoge expresamente la obligación de “reserva” sobre los datos del contenido del convenio.

El mismo acuerdo dio poder al “Sr. Jaume Asens Llodrà, el Cuarto Teniente de Alcaldía del Área de Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia para la firma de dicho convenio”. Y lo hizo sin tener en cuenta que el mismo Asens había sido parte tan interesada en el caso, como que había sido el abogado de la familia cuando fue Lanza condenado por dejar en silla de ruedas a aquel policía.

La documentación muestra además como “el Ayuntamiento de Barcelona y la entidad Iridia, Centro para la Defensa de los Derechos Humanos, tienen la voluntad y el interés mutuo de coordinarse y cooperar con la finalidad de promover acciones en defensa de la igualdad de derechos, de fomentar la convivencia en la ciudad de Barcelona y para que todas las personas tengan acceso real y efectivo y en condiciones de igualdad a todos los derechos humanos reconocidos y garantizados en la ciudad”, como reza el convenio firmado entre Asens y Huidobro.