La empresa del hermano de Rigau se llevó dinero en el caso Aigües de Girona que acorrala a Puigdemont

La Guardia Civil investiga las facturas pagadas a la empresa AMR Publicitat –una sociedad del hermano de Irene Rigau– en el caso del 3% que acorrala a Puigdemont. La empresa de publicidad facturó importes superiores a los 20.000 euros por la compra, principalmente, de lotes de Navidad.

Ls facturas las cursó AMR a Girona SA, una de las socias de la compañía Agissa (Aguas de Gerona) donde Carles Puigdemont y Roger Torrent mantenía una presencia decisiva como alcaldes de los municipios implicados. De hecho, la Guardia Civil considera que ambos protagonistas políticos mantuvieron un papel clave –especialmente Carles Puigdemont– a la hora de decidir y mantener determinadas prórrogas y ampliaciones de actividad de la sociedad gestora del agua, así como mecanismos de cobro de dividendos y subidas del precio del agua, que favorecieron unos ingresos extra en la compañía. Ingresos, que según las sospechas, podrían haber sido vaciados con facturas falsas y, de ese modo, destinados a otros fines ajenos al servicio público.

El caso, sobre el que trabaja hace tiempo ya la Fiscalía Anticorrupción, cuenta con un elemento más: un informe de la Agencia Tributaria que destaca su sospecha de que algunas de las facturas pagadas por Girona SA son falsas y se fabricaron con el propósito de vaciar fondos de la sociedad por medio de generar gastos ficticios e inexistentes.

Según las estimaciones de la investigación, esos gastos falsos podrían haber llegado a superar los 15 millones de euros. Entre esas facturas de las que recela la Agencia Tributaria se encuentran pagos a AMR Publicitat por lotes de Navidad y a Concerts Estudios, por la adquisición de entradas del festival de Cap Roig. Entre esos pagos también se encuentran compras de centenares de botellas de vino, de jamones, pagos en supermercados; así como salidas de fondos con destino desconocido. El informe detalla, además, que Girona SA facturaba cada año 400.000 euros por servicios de dirección que no está claro que se haya realizado.

La sociedad AMR Publicitat pertenece al hermano de Irene Rigau, la ex consejera de Educación que fue inhabilitada para cargo público en 2017 tras ser condenada por desobediencia al Tribunal Constitucional y prevariación a raíz del referéndum ilegal del 9-N. El hermano de Irene Rigau, Antón María, es, de hecho, el administrador único de la firma.

La Fiscalía Anticorrupción hace tiempo que sigue esta pista por un presunto delito de prevaricación en el denominado caso AGISSA, Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter. Un caso que está directamente relacionado con la causa del 3%. El fugado ex presidente de la Generalitat de Cataluña fue alcalde de Gerona entre 2011 y 2016, años en los que se habrían producido numerosas irregularidades en la gestión del sistema de aguas de la localidad.

Según los investigadores, se han detraído «numerosos recursos públicos» fingiendo «la prestación de servicios». De esta forma, se habrían repartido millones de euros en dividendos y otros conceptos falsos e inflados entre los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarrià de Ter, así como entre las empresas Girona SA y AGISSA. Unas irregularidades que se habrían estado produciendo con total impunidad hasta el inicio de las investigaciones.
Hoy se descubre que en su estructura se conectan persona con lazos directos con todo el proceso separatista. Del 1-O y del 9-N.

Puigemont en el centro de la trama

La historia de Agissa es simple. En 1976, los Ayuntamientos de Gerona, Salt y Sarriá de Ter adjudicaron a Girona SA, mediante concurso, el servicio de distribución del agua del sistema de Gerona. En 1992, se constituía la empresa mixta AGISSA, participada en un 80% por Girona S.A. y en un 20% por los 3 consistorios, para prestar dicho servicio sin concurso por un plazo de 12 años y con posibilidad de prórroga de 8 años.

En el año 2011, Carles Puigdemont se convierte en alcalde de Gerona y dos años más tarde en el 2013, se aprueba una nueva prórroga de la concesión de la gestión del agua por otros 8 años modificando varios puntos y cláusulas del contrato que permitían a la sociedad incrementar sus ingresos.

Según el informe de Hacienda, «los Ayuntamientos estaban percibiendo unos dividendos de un importe de entre 200.000 y 300.000 euros, que supone entre un 150% y un 250% de su participación en el capital social de AGISSA. A lo largo de todos estos años, los responsables de los Ayuntamientos no sólo habrían dejado de ejercer las funciones de control procedentes sobre las actuaciones de Girona S.A. y AGISSA, sino que tendrían conocimiento de dichas actuaciones en cada momento”.

“A partir del año 2013», añade Hacienda, «el casi medio millón que venía detrayendo Girona S.A. cada año de AGISSA, pasan a detraerlo los ayuntamientos”. Es a partir de 2013, con Puigemont ya en la alcaldía, la retribución del 3% en concepto de «responsabilidad de la gestión y explotación» por servicios no prestados se separa en «un 3% por ingresos de saneamiento», «un 3% por la responsabilidad de la gestión y explotación del servicio de distribución del agua» y finalmente «un 3% de los ingresos de laboratorio».

Desde esta fecha, «los aproximadamente 461.000 euros que Girona SA venía detrayendo cada año de AGISSA, pasan a ser transferidos a los Ayuntamientos. Y Girona SA pasa a cobrar de media más de 200.000 euros cada año por intereses».

Hacienda concluye que Girona SA y los ayuntamientos «se habrían venido repartiendo, cada año, durante 15 años, de manera encubierta, unos dividendos de 400.000 euros para Girona SA y de entre 200.000 y 300.000 euros para los ayuntamientos, además de unos dividendos ‘oficiales’ para Girona SA de 60.101 euros cada año. Total: 10 millones de euros».